Editorial

¿Cartas marcadas?

Germán Prado, (Jefe de la Sección de Medicina Legal), Sandra Vera (perteneciente a la misma sección), Julio Maguna (Médico Forense del Instituto de Medicina Forense), Daniel Farías (Jefe de Sección Balística Lega)l, Raúl Galione (de la misma sección), Samanta Martínez (de Química General), Sergio Ferreyra (Jefe de la Sección Huellas y Rastros), Mónica Rizzi (de la misma sección), Víctor Retamoza (Planimetría Legal), y personal del Centro Interdisciplinario, abogados: Álvaro Zaragoza, Nicolás Torres Guido, Eliana Rabaza y Néstor Caillet Bois, fueron los encargados de analizar y constatar científicamente en un trabajo de más de 40 hojas, que la muerte del oficial de Policía Juan Alós fue a causa de un suicidio.

Más de 60 personas, incluyendo los nombrados, realizaron un exhaustivo análisis donde se detalla todo tipo de pruebas que tienen que ver con: la trayectoria del único disparo producido por la víctima, el espasmo cadavérico producto de una herida de arma de fuego de origen suicida y la imposibilidad de simular tal situación; la cantidad de sangre y el lugar donde se encontraba, la posición del cuerpo, etc.

Por otra parte, si bien se argumenta la ausencia de pólvora en las manos es debido a que la técnica de “dermotest” es muy poco sensible y existe la posibilidad de efectuar un disparo sin que esta técnica registre rastros de pólvora. Conclusiones éstas realizadas mediante una detallada reconstrucción virtual donde se adjuntan casi 30 fotografías.

Sin embargo, la reciente determinación de la Corte Suprema de Justicia de apoyar los dichos de la Procuradora General Gils Carbó (cabe destacar que sólo determina la competencia del caso, en ningún lugar del escrito de sólo 10 renglones, se expresa o critica la manera en que se llevó a cabo la investigación) y pasar la causa a la Justicia Federal a cargo del fiscal Enrique Senestrari, fue el puntapié para que tanto este último como el abogado querellante Carlos Nayi, comenazaran nuevamente a efectuar declaraciones que despertaron la duda en todos aquellos que no entendemos nada de la operatoria.

Las preguntas oficiales serían: ¿Pueden más de 60 personas e instituciones legendarias de nuestra provincia “complotarse” para determinar un veredicto? ¿Pueden además proceder haciendo peligrar su trayectoria por uno de los tantos casos que tratan cotidianamente? Pensar que esto puede ser posible, de alguna manera nos coloca en una posición casi infantil. ¿Cuál sería entonces el motivo real? Podríamos estar hablando quizás de una fuerza política que intenta continuar en el poder a pesar de todo. Cuesta pensarlo, pero la relación que existe entre algunas de las personas intervinientes en esto como el mismísimo fiscal Senestrari con el poder Político Nacional es más que evidente.

Lamentablemente es sabido desde hace muchos años que la política y el Poder Judicial van de la mano, no por una cuestión de entendimiento en pos del bienestar social, sino como una misteriosa mezcla donde los favores mutuos son una constante. Esto sucede, a pesar de que quisiéramos negarlo. La Justicia debería tener equidad y honradez, sin embargo diversos hechos ponen de manifiesto que la extraña simbiosis que existe entre ambos roza la mediocridad, el mal gusto y la falta de ética. Existe un caso testigo de esto en nuestra ciudad: la muerte del Policía Juan Antonio Alós.

Sobre la causa, se hicieron públicos numerosos detalles que deberían haber estado celosamente guardados hasta que existiera una resolución; se puso en duda toda la investigación llevada a cabo por el fiscal Emilio Drazile y el equipo que trabajó junto a él, se argumentaron dos Jury sólo sobre las verdades dadas a conocer en diversos medios, no sobre una investigación propia, se distorsionaron algunas realidades que son más que elementales a la hora de hacer determinaciones, se mezcló, se confundió… se barajó y se volvió a dar y esta vez con el peligro latente, y ante las inminentes elecciones, de que las cartas estén marcadas.

¿Algunos tips?
01- Drazile supo a partir de las 8 hs del sábado 7 de septiembre de 2013 la identidad de la persona fallecida esa madrugada, horas antes la desconocía, por eso es casi imposible pensar “procedimiento anormal”. La prueba es un llamado telefónico que recibió a las 6:15 hs, cuando regresaba del lugar del hecho en el que respondió: “Un policía muerto, no sé su apellido, parece que es un suicidio. Más tarde voy a tener más datos, hasta ahora sólo se eso”.

02- El fiscal Enrique Senestrari conocía la relación de Drogas Peligrosas con Viarnes (el infiltrado que trabajaba junto a la Policía) desde hacía 3 años, sin embargo, nunca actuó al respecto.

03- Las pruebas que el abogado querellante dice tener desde el comienzo, nunca las aportó a la causa que llevaba adelante el fiscal Drazile. Esto constituye un delito.

04- Las fotos recientemente publicadas en un medio capitalino (en una se ve a Alós con el arma en la mano y en la otra con un teléfono celular sin el arma) son las tomadas por el personal judicial en el momento del hecho, sin embargo sólo se publicó la Nº 19 y la Nº 28, el resto de la cronología fue ocultada y en ellas se podía ver todo el proceso.

Por Claudia Fernández

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