Sociedad

Duras críticas al dictamen que sobreseyó al párroco Siderides

Después que la Cámara Federal de Córdoba determinara en un polémico fallo la inocencia del cura párroco de Alta Gracia, Marcelo Siderides, en la causa que lo involucraba en la remoción de los pisos de la Iglesia de la Merced, las críticas a la Justicia por parte de los vecinos que defienden el patrimonio de la ciudad no se hicieron esperar. “La intencionalidad estaba clara desde el primer momento y la impunidad también”, manifestó a RESUMEN Francisco Álvarez Barreiro, uno de los impulsores de la denuncia contra el accionar del religioso.

En la causa también estaban procesados desde agosto de 2016 por el Juez Ricardo Bustos Fierro, los arquitectos Melina Malandrino, Pedro Cufre y Juan Pablo Orozco, que eran los encargados de llevar adelante los trabajos en el histórico templo. En ese momento, el magistrado los consideró partícipes en la ejecución del proyecto de restauración que terminó produciendo un “daño arqueológico irreparable” en el interior de la Iglesia. Sin embargo, el pasado miércoles la Jueza de Cámara Graciela Montesi consideró “la falta de intención dolosa en la prosecución del resultado alcanzado” y sobreseyó tanto a Siderides como a los arquitectos.

Este medio intentó dialogar con el sacerdote pero fue su secretaria de la Casa Parroquial quien indicó que el párroco “no haría declaraciones a la prensa”.

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“Un fallo a medida de las corporaciones”
Francisco Álvarez Barreiro indica y quiere que se interprete que toda su investigación y denuncia documentada sobre las obras que se hicieron en la Iglesia de la Merced las realizó “como un ciudadano que reclama por un bien patrimonial de todos”. Al ser consultado por RESUMEN sobre la impresión que le dejó éste fallo sostuvo: “Es la misma impresión que tuve cuando ante los hechos contacté al fiscal Emilio Drazile. En ese momento él me dijo: ´Pobre cura, la vez que hace algo en Alta Gracia quieren ir en contra de él´; es decir, que eso me hizo obviar la vía de la Justicia provincial”.

A Álvarez Barreiro esa respuesta del funcionario judicial le llamó la atención pero “me sirvió para entender por qué todo se había hecho de esa forma”. Además, el denunciante indicó que tenía la “certeza que ésto se iba a cortar porque imagino que nadie quiere cargar en su lomo ésto de ponerse en contra de tres corporaciones” y añadió: “Porque acá está la corporación de la Universidad Católica de Córdoba, que es un institución jesuita que dice proteger el patrimonio, la corporación de los arquitectos -tengo familiares arquitectos que me han mirado muy feo durante todo este tiempo porque afectaba el derecho de trabajar de gente que trabajaba sin matrícula- y también la Iglesia. La decisión de la Justicia es lo que esperaban las corporaciones para salvar y lavar la cara”.
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Una sumatoria de evidencias
A medida que avanzaba el proyecto de puesta en valor y restauración -que había sido acordado en 2009 por la Universidad Católica y la Parroquia Nuestra Señora de la Merced- Álvarez Barreiro fue encontrando cada vez mayores evidencias del deterioro patrimonial que se estaba realizando. “También se acumulaban las mentiras de todos los involucrados”, recuerda el denunciante.

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“Las evidencias terminan completándose el día que la familia Lozada después de una gestión puede ingresar a observar qué había pasado en la Iglesia y se encuentra con restos óseos en las trincheras que habían cavado. Ahí estaban los restos de sus descendientes, también los de José Manuel Solares y de algunos jesuitas”, indica Barreiro que trae a colación que esta situación derivó en su momento en un pedido de informe de la Senadora Norma Morandini. A partir de eso, también la Defensoría del Pueblo de la Nación radicó una denuncia en la Justicia Federal. “De saber que se había producido un daño patrimonial me encontré con que un camión había tirado escombros en la cancha de fútbol del club Central de la zona oeste de la ciudad. Pero la frutilla del postre fue cuando el dueño de la empresa de contenedores –y eso figura en el expediente de la causa- que había recibido la orden de tirar los restos, que incluía restos óseos, en el basural por esa declaración, el cura Siderides habría decidido echar a esta persona”.

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Precedente que genera temor
María Esther Solla es la Presidenta de la Asociación de Amigos del Museo de la Estancia Jesuítica de Alta Gracia y Casa del Virrey Liniers y argumentó que el fallo de la Cámara Federal de Córdoba “es absolutamente vergonzoso. “Nosotros aportamos todas las pruebas que eran contundentes y tomamos muchísimos testimonios de la gente que había trabajo ahí. No sé cómo se habrá manejado la institución Iglesia para arribar a éste fallo. Estamos viendo si hay alguna instancia de apelación, pero no creo que se posible”, indicó.

Ante el precedente que puede quedar plasmado a partir del dictamen del pasado miércoles, Solla concluyó: “Lo que a mí me atemoriza es que como ya este señor (por Siderides) nos respetó las normas del área patrimonial con la construcción de departamentos, lo que pienso es qué va a pasar con el sector del Obraje cuando sea haga trasladado. Tal vez dentro de un tiempo vamos a tener ahí un edificio de 20 pisos”, finalizó.

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