Editorial

El contrato se rompió

Desde hace un par de días se sabe de una serie de hechos graves que tienen que ver con una extraña manera de hacer justicia, los mediáticamente llamados: “linchamientos”.

Actos de violencia, disfrazados de “justos”, hicieron repensar temas que pusieron en el tapete los valores de la sociedad. El nivel de inseguridad en el que vivimos, el amparo social que brinda el Estado, la adecuación o no de las leyes, la crianza de nuestros hijos y la difusión que hacemos los medios de las noticias…»todo tiene que ver con todo”, decía un popular conductor televisivo y, al menos en eso, estamos de acuerdo.

Cronicar estas situaciones de manera aislada, sin duda, es nuestro mayor error como comunicadores. Que la Justicia minimice los hechos, tanto del aquel que produce un delito como del que pretende “hacer justicia” a través de los linchamientos, también es errado y grave. La polémica sobre la violencia social, la actuación de las Leyes y el reclamo de la gente por más seguridad, se instaló en cada rincón de la sociedad.

Mientras, en la realidad de la calle, más de una docena de casos en todo el país de “justicia por mano propia” desalentaron cualquier esperanza de cambio. Más grave aún es que en algunos de ellos tuvieron participación jóvenes menores de edad que pasaban rápidamente de ser víctimas a victimarios.

Nuestra ciudad no escapa a la violencia social general que se vive en la Argentina y además tiene un hecho, por demás preocupante: la presencia reiterativa y recurrente de niños/jóvenes en hechos delictivos.

Si bien desde el sector de la Justicia advierten que representan del 10 al 12% de los delitos generales (“No son tantos, ni tan graves”, se le escuchó decir a un representante de la justicia local), en la vida cotidiana esas verdades irrefutables se caen ante la presencia de personajes popularmente conocidos que ingresan diariamente a la Comisaría y salen al cabo de un par de horas, haciendo valer su derecho de ser “menores de edad”. ¿Es adecuado el paquete de leyes vigente para estos casos? Sin dudas, existe una filtración en lo que la objetividad de la Justicia alcanza a conocer y lo que la vida real nos muestra día a día.

«No hay prioridad más urgente que defender la vida”
…dijo el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli al declarar la emergencia en seguridad por un año en todo el territorio provincial. La medida incluyó una serie de cambios en el ámbito de la justicia y una suma de 600 millones de pesos en materia de seguridad (chalecos, armamentos, 1000 móviles nuevos). En tanto, en la ciudad de Córdoba, se entregaron móviles nuevos y se pusieron en marcha operativos que se hicieron extensivos a toda la provincia.

¿Todo a su justa medida? Inversiones faraónicas dedicadas a sacar la Policía a la calle y paupérrimas cifras para adecuar educación y trabajo, pilares fundamentales de la inclusión social. Los criterios siguen siendo errados, mientras tanto una sociedad en crisis confunde violencia con justicia. En el medio jóvenes desorientados optan por la delincuencia y se hunden en una realidad de la que es casi una utopía emerger. Un Estado ausente y la falta de una estrategia acorde a las circunstancias, están condenando el futuro de la sociedad y obliga a los ciudadanos a ser rehenes de la peor de las delincuencias: la institucional.

Por Claudia Fernández

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