Política

Escándalo: el radicalismo pide la renuncia de dos funcionarios

El 1 de marzo de este año, el concejal de la Unión Cívica Radical, Leandro Morer, realizó una denuncia en la fiscalía local por daños personales e injurias hacia quien, hasta aquel momento, se sospechaba ser un empleado municipal. El denunciado era acusado por Morer de manejar varios perfiles falsos de Facebook, desde los cuales se realizaron supuestos agravios y calumnias hacia distintos concejales de ambos bloques, al Vice Intendente, entre otros blancos de posteos críticos y políticos. En el inicio de sesiones ordinarias del Concejo Deliberante, los concejales radicales dispusieron un cartel sobre la mesa que decía: “Basta de piratas informáticos” en un tema que lejos estuvo de concluir en aquel momento.

Pedido de renuncia
Ayer por la mañana, en una Sesión de Concejo poco prometedora, por la falta de presentaciones y proyectos, el Concejal Brunengo (no sin antes haber colocado el mismo cartel contra la piratería) pidió la palabra, para informar a los ediles y a la ciudad acerca de los avances de la Fiscalía. Al discurso no le faltó una larga introducción, que apuntaba a lograr la empatía sobre todo de los concejales UPC que habrían sido también victimas de agravios: “En el caso de la radicación de emprendimientos, que involucraban al desarrollo de nuestra ciudad, hubo concejales que tuvimos distintas posturas. Víctimas de eso fuimos atacados y agraviados anónimamente desde las redes sociales, este nuevo fenómeno de comunicación que se ha introducido en la práctica política y que de no ser que esos ataques intentaran modificar nuestra postura y nuestra posición, frente a esa discusión, ese no sería un tema que deberíamos estar tratados en esta sede. Pero, como justamente esa era la intención, yo quiero poner en conocimiento en esta mesa la situación”, empezó Brunengo, para luego afirmar: “En el día de ayer, el fiscal corroboró que las injurias, las calumnias y las mentiras salían de la computadora de una de las personas que nosotros habíamos identificado, y la otra es la mujer de ese señor. A esa resolución del fiscal yo le agrego las órdenes de pago y las facturas de los servicios certificados de un tipo que lo único que hacía era insultarnos en las redes sociales para que nosotros modificáramos nuestra postura”.

El tono de voz se elevó, cuando más allá de la naturaleza legal de la causa, se hizo hincapié en el aspecto y las responsabilidades políticas: “El señor Intendente Municipal no debiera desconocer y si lo desconocía lo estamos informando hoy, acerca de esta situación . Exigimos públicamente al Intendente que dé de baja a esos funcionarios; no podemos permitir que con el dinero de los altagracienses se financien sinvergüenzas que se dedican a insultar a los dirigentes de la oposición y a los dirigentes de su mismo partido, cuando no piensan igual que ellos. Todo eso fue una magnifica operación de prensa organizada y financiada desde el Estado, con el dinero de los altagracienses para desprestigiar a la Concejal (Ferrari) y a Ud. ( Juan Manuel Saieg) y quebrarnos en nuestras convicciones”, sentenció seguro y a los gritos el edil radical.

Apoyo del oficialismo
La empatía, y la indignación acumulada, funcionaron y la Concejal Ferrari pidió la palabra, para apoyar, aunque sin hacer referencia a los funcionarios, la postura polémica: “La verdad, desconocía la resolución del fiscal, si es así y ha salido de las computadoras de la Municipalidad, yo también le exijo al señor Intendente la renuncia de esas personas contratadas porque yo también, al igual que Ud. (Juan Manuel Saieg) sufrí esos agravios”, afirmó. Minutos después, fuera de micrófonos, Ferrari admitió estar muy amargada y decepcionada por la violencia usada en su contra en esas publicaciones: “es un día muy triste para la política de Alta Gracia, esta no es la política con la que yo me crie”.
Posteriormente se pasó a cuarto intermedio, no sin antes unas interrupciones del asesor letrado Daniel Villar que quiso poner el foco acerca de puntos críticos de la resolución de la fiscalía que habría sido “mal interpretado por Brunengo”. Luego de una brevísima reunión privada en los pasillos con Villar, Brunengo volvió a hablar ya en términos más medidos y con menos certezas: “El procedimiento de la Justicia determinó que esa persona es propietaria de la computadora de donde salieron los agravios y a su vez tiene una relación contractual con el municipio, que no se puede precisar cuáles son sus funciones y las de su esposa dentro del municipio, me lleva a la conclusión de que hay una certeza casi plena de que todo eso tiene que ver con un accionar, aunque no puedo decir que eso está comprobado. Muchos de los que están sentados acá no van a poder decir nada, aunque sepan que tengo razón, porque sufrimos esos ataques a la familia y tenemos la casi certeza de que esos actos han sido financiados desde adentro del municipio para quebrarnos en nuestras posiciones”.

Por su parte, Mariano Agazzi, jefe del bloque UPC, pidió prudencia: “Es un tema que está en la Justicia, no hay que adelantarse, porque se sigue investigando. El accionar público tiene un archivo en el cual hasta el momento no se ha podido determinar si se trata de una asociación ilícita o si hay una relación pública con el Estado. Y la acción privada donde el fiscal habilita a seguir adelante con la causa y las acciones en el lugar que corresponde. Por mi parte, entiendo su enojo, yo en su lugar también estaría molesto por los agravios recibidos”.

Es importante destacar que por más que Brunengo nunca quiso pronunciar los nombres de los funcionarios, ningún concejal ni autoridad pidió aclaraciones; tal vez porque los nombres de Iván Poletta, Secretario de Servicios Públicos y Cristina Roca, Secretaria de Gestión, son los que aparecen en las contrataciones de los dos empleados. De todos modos, y frente a micrófonos y cámaras, el edil radical aprovechó para remarcar con precisión nombres y funciones.

La resolución
La resolución que parte del fiscal Alejandro Peralta Otonello, que es quien lleva adelante la investigación determina que la causa fue parcialmente archivada. Ésto significa que, si bien se comprobó que el perfil falso utilizado en la red social para estos dichos corresponde al empleado municipal Raúl Tamborenea, ésto se enmarcaría en un hecho de “injurias” que el denunciante (Morer) deberá dirimir en otra instancia judicial en la ciudad de Córdoba, ya que la fiscalía local no tiene competencia en eso. El resto de la investigación, que tiene que ver con la supuesta relación de algun funcionario municipal en este tema y las limitaciones de esa relación contractual, continúa investigándose en los Tribunales locales y bajo la órbita del mismo fiscal. De todos modos, la conclusión de ésto “podría llevar mucho tiempo y es muy difícil de comprobar”, según afirmaron fuentes judiciales. Es importante aclarar, además, que si bien se produjo un verdadero torbellino político la resolución no toca a nadie del municipio por el momento. La magnitud de las acusaciones y la exposición que tomó el escrito judicial (al finalizar la sesión ordinaria de este miércoles se repartieron decenas de copias de este escrito), no hace otra cosa que “entorpecer”el resto de la investigación que ya tiene el resultado de algunas pericias y está al aguardo del informe de la red social facebook.

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