Este jueves, RESUMEN hacía público un acuerdo transaccional firmado por las partes involucradas en el ya histórico conflicto judicial «Cocó Resto Bar», cuyos pormenores, al parecer, debían ser guardados bajo siete llaves y, esto no tardó en generar polémica. (NOTA RELACIONADA)
Y es que este convenio que intentaba esconderse a la prensa y al que este medio accedió de manera exclusiva, detallaba nada mas y nada menos que la supuesta manera en que Andrés Goya, Santiago Expósito – titulares del polémico emprendimiento de calle Sarmiento- y el Municipio, abonarían el casi millón de pesos de multa por haber violado la orden judicial que allá por julio de 2015 les impedía habilitar el espacio. No es por cosa… ¿no?.
En este sentido, quien en la mañana de hoy pasó por los estudios de la 88.9 y tuvo declaraciones tajantes al respecto, fue Roberto Brunengo; quien para esos años era concejal por la UCR y siempre se mostró en desacuerdo con esa «habilitación express» que el Municipio le terminó otorgando a los jovenes empresarios y que, en definitiva, conllevó a la pérdida millonaria.
«Todo comenzó en diciembre de 2014 cuando al Concejo Deliberante llegó el pedido de hacer una ordenanza de excepción para Cocó, ya que era un área de primer orden entonces había claras restricciones a una parte del Proyecto que era la habilitación de un boliche, no así del funcionamiento del restorán. Y bueno, lo llamativo fue que en un trámite express y sumamente sospechoso, terminó saliendo en 7 días esa habilitación y no de la Comisión de Obras Públicas como siempre se hacía, sino de una comisión que no se dedicaba a realizar trámites de excepción de uso de suelo, como era Legislación general», inició el ex Concejal, remontándose a los inicios del conflicto.
El argumento que el radical tuvo en aquel entonces para oponerse a la ordenanza de excepción para Cocó, fue el hecho de que no se atendía a ningún tipo de medidas de seguridad y temía por un posible «nuevo Cromañon».
«Recuerdo en aquel momento el día de la sesión plantear que de aprobarse como se estaba haciendo, iba a haber un boliche en la subida de Avenida Sarmiento, en donde figura prácticamente toda la noche de Alta Gracia y circulan todos los colectivos a la terminal, con lo cual en ese momento en donde no había pandemia, los fines de semana se convertía en un hormiguero de gente esa zona y llegué a preguntarme si sucedía un hecho similar al de Cromañon en la ciudad. Íbamos a tener una desgracia parecida porque en esas condiciones era casi imposible que un camión de autobomba o hasta una ambulancia acudiera al rescate, por el acceso. Entonces me parecía una terrible irresponsabilidad aprobar una ordenanza de excepción de esas características», añadió Brunengo a la vez que remarcó que si bien hubo parte de la oposición que apoyó esa moción, la decisión final fue de quien en ese entonces era Intendente, Facundo Torres, y de todo su gabinete municipal.
Seis años después…
«Lo primero que hay que decir es que casi seis años después, uno tenía razón. El Municipio va a terminar pagando una multa por desobedecer ordenes judiciales que es lo que mas genera indignación porque se están timbeando los recursos de los vecinos», sentenció el ex Concejal haciendo referencia al abultado monto que la Municipalidad deberá abonar en caso de que los otros involucrados no cumplan con su parte económica.
Brunengo, reconoció que las habilitaciones no parten de la asesoría letrada, por lo que ello no fue ejecutado directamente por Daniel Villar, pero sí es el área responsable de indicar a quien corresponda, que se debe acatar una orden judicial. «Hubo una orden taxativa que llegó al Municipio, que fue girada a la asesoria letrada y que no le fue comunicada a los encargados de la habilitación, sino no nos hubiesen multado».
La polémica cláusula de confidencialidad
Sobre el decimoquinto punto del polémico acuerdo transaccional firmado por los titulares de Cocó Resto Bar, el Municipio y el abogado representante de los vecinos demandantes, en el que se prohíbe la difusión del mismo a los medios de comunicación, Brunengo opinó: «creo que los secretos en el Estado solo deben ser por cuestiones de seguridad nacional, que hagan a una cuestión de inteligencia pero esto es una condena por incumplir una orden judicial. Mas que eso parece ser la intención de esconder del conocimiento de la sociedad un tema que nos ha dejado expuestos en la ineficacia de quienes han intervenido en este caso porque de haber cumplido con las ordenes judiciales, hoy no se estaría en este conflicto. La resolución está y ahora hay que pagar. El patrimonio municipal ya se ha afectado y es ahí en donde me parece que radica esta cláusula de confidencialidad, para que la gente no se entere de que están dilapidando fondos públicos en cuestiones que podrían haber sido evitadas si se cumplía con las ordenes de la Justicia».
¿Y el rol del actual Tribuno de Cuentas?
Sobre eso el radical no quiso hacer juicios de valor, aunque remarcó ese recurso que el Intendente tiene para no quedar sujeto a un aval que por mayoría, como ene se caso, pueda quedar sujeto a decisiones de la oposición.
«Si por alguna razón no se firmaran las ordenes de compra que pasan por el tribuno de cuentas, la administración pública quedaría absolutamente parada. Para ello el intendente puede hacer una resolución para que firmen todos sus secretarios y avalen y el pago de una factura. Esto, a mi entender, es lo que debería hacerse ya que esto ha sido responsabilidad exclusiva de los funcionarios del ejecutivo», sentenció Brunengo y culminó: «quienes fueron responsables de sus decisiones con su negligencia no van a pagar este defalco, esto lo va a terminar pagando e vecino de Alta Gracia que ademas de eso le paga unos muy buenos sueldos a concejales, tribunos, asesores letrados, todos los funcionarios del Municipio».
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