Hoy se cumplen 30 años del homicidio a sangre fría de Regino Maders, nombre que no solamente es el título que recibe un pasaje de Nuestra Ciudad cercano a calle Malvinas Argentinas, sino que fue el nombre de cuyo crimen mantuvo en vilo a toda la Nación. Dos disparos por la espalda acabaron con la vida del entonces directivo de EPEC que estaba a punto de ingresar a su domicilio cito en calle Larrauri 3695, barrio Residencial Vélez Sársfield de la Ciudad de Córdoba Capital. Horas antes, el dirigente radical había participado del acto de cierre de campaña del radicalismo que llevaba como candidato a Gobernador nuevamente a Eduardo César Angeloz, elección por la cual “el Pocho” por tercera vez consecutiva llegaría al Ejecutivo Provincial.
La escena del crimen no fue preservada, no se hizo operativo cerrojo en la zona para tratar de dar con los asesinos, la máxima autoridad del partido en el que Maders había militado toda su vida, Eduardo Angeloz, se tomó seis meses antes de recibir a la familia, la reconstrucción del crimen se realizó recién ocho años después, y debieron pasar 14 años hasta que hubo una condena contra quien fue señalado como el autor material del crimen. Muchos errores, muchas dudas, muchas sospechas y demasiadas hipótesis tuvo este caso que continúa siendo una herida abierta en la historia política de la provincia de Córdoba.
Cuando lo asesinaron Maders se desempeñaba como directivo en la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec), y algunos manejos económicos en el organismo sobre los que él había expresado fuertes sospechas se convirtieron en una de las hipótesis que comenzaron a rodar por las mesas de conversaciones. Una infidelidad, un asunto de drogas, la mafia de las tragamonedas que por entonces eran ilegales y se conocían como videopokers, fueron otros de los intentos de explicaciones que se echaron a rodar con el correr de los años. El radicalismo gobernante hacía lo posible para que el asesinato no manchara su gestión y un Poder Judicial dócil seguía la directiva tácita de no hacer olas. El caso iba hacia su archivo hasta que la familia de Regino Maders, encabezada por una de las hermanas de Regino, Teresa, hizo una denuncia pública: fue un asesinato político y los principales dirigentes radicales de ese momento tenían mucho que ocultar. Esa decidida acción familiar derivó en una militancia de décadas para mantener encendido el caso y llevó a la elección de la hermana Teresa Maders como diputada provincial en 1999. “La orden de matarlo vino de arriba”, denunciaba Teresa. “Los asesinos son gente del partido radical”, repetía su cuñada Nélida Cháves de Maders. Otro de los hermanos, Juan Francisco, murió de un accidente cerebrovascular afectado –según la familia– por el hecho de que Angeloz ganó las elecciones legislativas de 1993 pese a todo lo que se decía alrededor del crimen. “El asesinato desnudó los antros de corrupción, de narcotráfico, de juego clandestino y la concesión de las usinas de Epec”, explicaba Javier, el hijo menor de Regino, cuando se cumplieron los 25 años de interrogantes, en 2016.
El juez que tomó el caso, Guillermo Johnson, contó con la confianza de la familia, reclamó al gobierno de Angeloz por la falta de recursos del juzgado y la poca colaboración en la investigación. Terminó saltando a la política, fue candidato peronista a la gobernación, que perdió frente a Ramón Bautista Mestre, y después diputado nacional. “Mi trabajo –contó a La Voz del Interior en 2011– fue obstaculizado por un gobierno que se empecinó en que jamás llegara a la verdad, los políticos, la cúpula más alta de la Policía que me inventó testimonios y pruebas para tenerme un año trabajando sobre hipótesis falsas”.
Después de una investigación judicial que avanzó a los tumbos y sin certezas, se terminaron realizando dos juicios. El primero, cuya sentencia se conoció el 17 de junio de 2005, condenó a prisión perpetua al expolicía Oscar Hugo Síntora, como autor material del asesinato. Se lo acusó de haber matado a Maders “por precio o promesa remuneratoria”, es decir que fue el ejecutor de una condena a muerte decidida por otra persona que lo contrató y le pagó. Nunca hubo pruebas concluyentes y Síntora negó siempre la autoría. Cuando se le concedió la última palabra antes de la sentencia, dijo: “Soy inocente, no he hecho nada, pido un veredicto justo”. En octubre de 2019 consiguió que le concedieran la prisión domiciliaria, por razones de salud. El segundo juicio empezó en noviembre de 2007 y apuntó a probar si el exlegislador provincial radical Luis Medina Allende había sido el autor intelectual del asesinato. El 7 de febrero de 2008 la audiencia concluyó con la absolución del político por “el beneficio de la duda”. Medina Allende murió el 17 de noviembre de 2019.
Sin duda, el caso “Maders” se recordará como una mancha negra en la política y la justicia de la Provincia de Córdoba.
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