Alta Gracia adhirió a la Ley Provincial de Defensa al Consumidor y tendrá su propia oficina

Finalmente avanzó hoy en el Concejo el proyecto, ya anunciado en febrero de este año, a través del cual se habilitará una oficina de Defensa al Consumidor en la ciudad. Según se puede leer en el mismo documento, la Municipalidad firmará con la provincia un convenio para habilitar un anexo del organismo para que funcione en Alta Gracia y se ubicaría, según trascendido, en la Terminal de Omnibus.

La idea general del proyecto fue analizada por los entonces concejales de Unión por Córdoba, Marcos Torres y Roberto Urreta, hoy funcionarios del Ejecutivo, para dar un ámbito apropiado de mediación de los reclamos, que hoy son viralizados por las redes, sin posibilidad de un monitoreo y un tratamiento adecuado.

El ingreso del proyecto al Concejo, sin embargo, no tenía como objetivo su tratamiento, sino que ratificaba la adhesión a la Ley Provincial Nº 10.247 ”que tiene por finalidad regular principios y reglas de procedimiento administrativo y trámite recursivo judicial tendientes a lograr una mejor implementación de los derechos de los consumidores y usuarios” y autoriza por lo tanto “ con fuerza de ordenanza” al Ejecutivo Municipal a “suscribir con el Poder Ejecutivo Provincial por intermedio del Ministerio de Industria, Comercio, Minería y Desarrollo Científico, Tecnológico de la Provincia de Córdoba, el convenio correspondiente a fin de colaborar con la aplicación de la Ley N° 10.247.

El Convenio, cuyos puntos fundamentales ya estarían acordados, implica que el municipio se hará cargo de los gastos de personal y operativos; y la provincia, por su parte, aportará la capacitación a los empleados que estén frente a las distintas situaciones que se presentan cuando un vecino necesita reclamar por una mala atención o alguna irregularidad.
En diálogo con Resumen, el Secretario de Gobierno Marcos Torres, explica que: “un promedio del 95% de los reclamos se resuelven en el primer contacto. La dependencia local va a contar con un abogado audencista que, funcionará de mediador en el caso no se logre un primer acuerdo. Por último, en caso negativo,se deriva a Defensa al Consumidor Provincial”.

La instalación de una oficina de Defensa al Consumidor, fue anunciada en el discurso del Intendente Facundo Torres, en la apertura de sesiones de 2016. Cabe destacar además, que a principios del mismo año, el bloque radical presentó un proyecto de ordenanza a través de la cual se creaba una oficina municipal de Defensa al Consumidor, luego que un grupo de vecinos se manifestara en torno el excesivo valor de los alquileres, que no prosperó. A este propósito, Marcos Torres agrega que, «el proyecto que había presentado la UCR me pareció incompleto y sin sentido, porque ya está en la Ley Provincial la posibilidad que los municipios y comunas adhieran. Lo que presentaron suponía un gasto innecesario para el municipio».

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