En medio del debate por la baja o no de la edad de imputabilidad en el país, resurgen casos locales que vuelven a poner bajo la lupa la acción – o inacción- del Estado y las leyes vigentes.
Hace algunas semanas una vecina de barrio 1° de Mayo denunciaba lo que creía era el «incendio intencional» de su casa y atribuía el hecho a una supuesta venganza hacia su hijo. La mujer sostenía que quien le había ocasionado tales perdidas materiales en su inmueble, era alguien que acusaba a su hijo por el presunto robo de una moto y, lejos de defenderlo, ésta reconoció que el adolescente padece problemas de adicción y no negó la posibilidad de que dicha acusación fuera cierta.
En ese marco, se supo que el señalado en cuestión fue uno de los condenados por el homicidio de Martín Hurtado; el único «menor imputable» en aquel entonces, quien terminó sentenciado a la pena de un año de prisión efectiva en un Instituto de Menores por «homicidio simple».
Martín tenía 19 años y murió en el año 2019 tras una larga agonía a causa de la fuerte pedrada que recibió en su cabeza mientras circulaba en moto por calle Catamarca. A pesar de que al principio la Justicia atribuía el hecho a una circunstancia «accidental», con el avance de la investigación comprobaron que el ataque a Martín había sido puramente intencional e imputó a dos hermanos menores de edad.
En medio de la discusión por la necesidad o no de cambiar la ley en torno a la punibilidad cuando de menores se trata – y cuando las estadísticas de delito con menores involucrados aumenta- aparecen estos casos- invisibles para muchos- en donde se evidencia la falta de acción del Estado y el nulo seguimiento que se hace de los menores en conflicto con la ley cuando éstos vuelven a reinsertarse en la sociedad.
¿Cuál es el tratamiento que realizan en contexto de encierro?, ¿Qué pasa con el seguimiento en torno a las adicciones? No son acaso, ¿una bomba de tiempo?.
Lo que queda claro es que mientras se discute la baja o no de la edad de imputabilidad y si ésta debe ser de 13, 14 o 16 años, también debería debatirse cuán cierta es la reinserción social de estos menores que ya pasaron por un proceso penal juvenil y que vuelven a delinquir. ¿Cuál es el trabajo real que hacen el Estado y las instituciones para que ese adolescente encuentre nuevas posibilidades que no sean vinculadas al delito?. Para pensar…
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