En noviembre de 2019 la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de 7º Nominación de la Provincia de Córdoba, dictó el fallo por el que se instó a los dueños de Cocó Resto bar, Andrés Oscar Goya y Santiago Expósito, y a la Municipalidad de Alta Gracia, a pagar una multa de 600 JUS, que con impuestos y tasas, asciende al millón de pesos.
El hecho se remonta al incumplimiento en los días 25/6/15 al 28/6/15 y 2 al 5 de julio del mismo año, de la medida cautelar interpuesta por los vecinos Teresa Oviedo y Pablo Antonello que impedía la habilitación parcial o total de Cocó Resto Bar, ubicado en Av. Sarmiento 248. Y, la responsabilidad del Ejecutivo Municipal refiere al «incumplimiento a la orden de arbitrar los controles necesarios (…) para evitar la infracción a la cautelar de autos». Pues, recordemos, que el bar no podía abrir al público por los recursos de amparo presentados por dichos vecinos quienes se oponían al funcionamiento del local, argumentando que no era el sitio «ambientalmente» apropiado para su funcionamiento.
Sin embargo, el asesor letrado del Municipio Daniel Villar pasó por encima de la orden judicial y le otorgó al privado una habilitación provisoria. Permiso que le terminó costando mas de medio millón de pesos al Estado Municipal y esto, claro está, en el mejor de los escenarios, porque si Goya y Expósito no abonan su parte, el total de la deuda quedará a cargo del Municipio.
Lo cierto es que a dos años de aquel fallo y a seis desde que inició el litigio, la bendita deuda de la que ya nadie habla, no fue saldada; ni siquiera una parte de ella. Es mas, en mayo del corriente las partes establecieron un «acuerdo transaccional» cuya cláusula décimoquinta establece «confidencialidad» entre el triángulo, prohibiendo la difusión pública del mismo, caso contrario podría caber multa. Es decir, esta condición deja claro que el convenio por el que Alta Gracia podría abonar un millón de pesos a causa de una acción negligente e irresponsable que sólo perjudica a los vecinos; no puede ser dado a conocer a los medios de comunicación. Algo mas…. que parece quedar bajo la alfombra.
Pero, lo preocupante no es sólo que exista una clausula pura y exclusivamente destinada al cerrojo público informativo; y una especie de amenaza para aquel que decida infringir ese punto, sino que el Tribunal de Cuentas apoye este acuerdo sin objeción alguna. Se habla de una pérdida millonaria, del error de alguien y del respaldo de muchos. Todos bajo la misma línea… ¿Por qué?.
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