A más de 130 días de su sanción, la Ley de Emergencia en Discapacidad continúa sin ser implementada. Leandro Ator, presidente del colectivo Tres de Diciembre y de la Asociación de Transportistas al Servicio de Personas con Discapacidad, expuso la gravedad del escenario actual en la mañana de la 88.9.
Durante la entrevista, Ator remarcó que la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada hace más de cuatro meses, aún no fue reglamentada ni puesta en funcionamiento por el Gobierno Nacional. “Para nosotros esto representa un acto de injusticia, discriminación y abandono hacia las personas con discapacidad y hacia quienes trabajamos en el sector”, afirmó.
El dirigente explicó que la norma busca dar respuesta a una crisis sostenida por el desfinanciamiento del sistema durante los últimos dos años. Entre sus principales puntos, la ley contempla la actualización de aranceles de las prestaciones acorde a la inflación acumulada, la reposición de pensiones por discapacidad que fueron suspendidas, planes de asistencia para instituciones endeudadas y un salvataje integral para garantizar la continuidad de los servicios.
En ese contexto, Ator destacó una reciente resolución judicial como un hecho clave. El juez federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Gobierno Nacional a implementar la ley y fijó como fecha límite el 4 de febrero para que la normativa entre en vigencia.
“Estamos expectantes y contando los días para ver si finalmente se cumple con la ley o si se continúa dilatando una situación que es insostenible”, señaló. Respecto al servicio de transporte para personas con discapacidad, el presidente del colectivo Tres de Diciembre describió un panorama crítico. Indicó que el sector atraviesa la peor crisis de los últimos 25 años y que, en ese período, se perdió aproximadamente el 40% de los transportistas, que debieron abandonar la actividad por falta de rentabilidad.
“Hoy estamos brindando el servicio como podemos, semana a semana, sin previsibilidad y sin poder garantizar la continuidad a futuro”, explicó. Como ejemplo, detalló que el valor del kilómetro que perciben los transportistas ronda los 700 pesos, mientras que el litro de combustible se acerca a los 2.000 pesos, una brecha que vuelve inviable la actividad. A esto se suman los fuertes aumentos en los costos de los seguros, que en algunos casos superaron el 150% interanual.
Ator remarcó que esta situación no solo afecta a los prestadores, sino que pone en riesgo derechos básicos de las personas con discapacidad, como el acceso a la educación, la rehabilitación y los tratamientos. “Ajustar sobre la discapacidad es cruzar un límite que como sociedad no podemos naturalizar ni permitir”, sostuvo.
Finalmente, destacó la unidad alcanzada entre organizaciones, familias y personas con discapacidad en todo el país. “Esta lucha nos dejó una enseñanza muy clara: la familia de la discapacidad está más unida que nunca y va a seguir defendiendo lo que considera justo, dentro del marco de la ley”, concluyó.
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