El abogado de los vecinos de Coco resto-bar denunció amenazas ante la Justicia

El abogado asegura además que no hay dos interpretaciones de la resolución presentada tanto por la Jueza como por los camaristas y que el tema se estaría resolviendo en el curso de esta semana. Además se mostró sorprendido por el “especial interés” con el que el municipio defiende la causa.

“El hijo del amparista recibió una amenaza de que si «seguíamos jodiendo» le iban a matar el hijo. Yo no soy un abogado que me guste esto, no es mi metier. Me veo obligado a realizarlo porque hemos tenido mucha violencia de distintas maneras”, sentenció Bossi en FM 88.9

Aclaró que “alguien” llamó a gente de barrios humildes para decirles que uno de los vecinos que presentó el recurso de amparo y su abogado tenían 200 mil dólares en la casa. Luego, aseguró que comenzaron a molestar al amparista y a su esposa en reiteradas oportunidades. “No quería introducir esto en la causa para que los jueces pudieran fallar tranquilos, por eso aguantamos y aguantamos”, aseguró el abogado y agregó: “Estas cosas empezaron a tornarse más violentas, sobre todo al acercarse la fecha de inauguración y el dictamen, y fue ahí cuando mi cliente decidió hacer la denuncia. A mí también me amenazaron y yo realice la denuncia hoy (por el lunes).Se acabó, el punto límite fue cuando se metieron con nuestros chicos. Hay cosas que ya son demasiado tenebrosas, yo no sé si fue la Municipalidad, si fue el dueño del boliche o si fue la oposición para que creamos que fue la Municipalidad, puse todo en manos del fiscal y que investigue”, aseguró el abogado.

Una sola lectura
Sobre el tema del dictamen que se conoció la semana anterior donde, tanto la Jueza que entiende en la causa como la Cámara, asegura el municipio debe abstenerse de habilitar total o parcialmente el emprendimiento, Bossi fue tajante: “No puede haber distintas percepciones, el expediente dice lo que dice. Ya son cinco los funcionarios judiciales que coinciden: la jueza de 1ra instancia, el fiscal de las Cámaras de Apelaciones, y los tres camaristas. Dicen (entre líneas) que están observando cuestiones extrañas por decirlo de alguna manera, al punto que la Cámara resolvió girar las actuaciones a la Justicia Penal, es decir que los funcionarios públicos ya están viendo que en apariencia hay delito”, manifestó el letrado.
El abogado, relató que la visión más dura en cuanto al accionar del municipio (se refiere a haber habilitado el emprendimiento como resto-bar mientras hay una causa judicial en trámite y una presentación prohibiendo el proceder) pertenece al fiscal de Cámara, quien cuestiona la manera y el modo en que el Estado incursiona en este tema: “De golpe y porrazo el Estado de Alta Gracia cambia el objetivo que ha seguido siempre, han dictado una carta orgánica donde se establecen un montón de principios de protección del Patrimonio cultural, se ha dictado una ordenanza del Área de Primer Orden donde se establecen ciertos recaudos de conservación, una ordenanza que establece estudios de impacto ambiental, y de golpe se autoriza un emprendimiento en 10 días que supera tres veces la cantidad de metros: ¿Qué está pasando entonces? El paradigma que era la protección de bienes culturales jesuíticos desapareció. Autorizan un boliche en plena área de patrimonio histórico donde caben más de 600 personas según el plano. El día 3 ingresa el expediente, el día 4 estaba el dictamen y el día 10 salió la ordenanza. ¿Eso pasa para cualquier emprendimiento de otro vecino?”, cuestiona Bossi, y agrega: “Veo con sorpresa el ahínco que pone el intendente en defender esta causa, por empezar no entiendo cuál es la ganancia del interés público en cuidarle las ganancias a dos empresarios. Si ustedes conocen algún emprendimiento comercial al cual el Estado lo haya defendido así al punto de haber incurrido en una multa este fin de semana de $160 mil, avisenme por favor”, aseguró.

Se trata de derechos

Fue claro al expresar que el tema roza los derechos de las personas y que existe una imposibilidad de “arreglar” entre las partes por este motivo: “Si mi cliente quisiera desistir de la acción debería seguir el fiscal a cargo porque hay un interés público en juego en todas las cuestiones atinentes al ambiente. Yo no puedo llegar a un arreglo con la gente de Coco resto-bar porque se trata de derechos , un interés público que excede el interés particular, en este caso un interés de la humanidad, porque se trata de un patrimonio. Es como que alguien quisiera poner un boliche en el Machu Picchu”

Para finalizar remarcó estar “sorprendido” por el interés que se le pone de parte del municipio al emprendimiento. “Me encantaría que el Estado me cuidara el bolsillo así alguna vez en la vida”, afirmó, y agregó: “Me guardé a prudente silencio hasta que los jueces hablen, y ya hablaron 5. Estoy cansado de que intenten tirarme al barro, primero queriendome relacionar con la política y ahora con las amenazas. Esto se estaría resolviendo en el transcurso de esta semana”, finalizó.

Trascendió además que la Justicia ya tiene en su poder el nombre de quien efectuó las amenazas.

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