El pasado miércoles, el Concejo Deliberante aprobó por mayoría la ordenanza presentada por el oficilismo, a través de la cual se intenta controlar como así también regularizar, el estado de los geriátricos de la ciudad. (Nota relacionada)
La iniciativa surge en este marco de emergencia sanitaria por el Coronavirus, considerando que son los adultos mayores quienes comprenden el núcleo más vulnerable de esta pandemia. Sin embargo, a su vez, la misma reafirma una realidad que durante mucho tiempo parece haber estado bajo la alfombra, o por lo menos desatendida: la situación clandestina de varias residencias en Alta Gracia.
El tema se cuestionó fuertemente en el año 2016, por parte de los radicales Roberto Brunengo y María Ines Carignani. Ese año, al finalizar las sesiones ordinarias del Concejo, la Comisión de Obras Públicas del Municipio había emitido cuatro despachos que exceptuaban a los geriátricos del uso del suelo, para que los mismos pudieran iniciar los trámites de habilitación comercial y de este modo ponerse en regla. La idea parecía de los más lógica si no fuera porque de todos modos y desde hacía varios años, la mayoría de los geriátricos en la ciudad funcionaban sin ningún tipo de habilitación.
Por otro lado, cabe aclarar que hay quienes iniciaron las gestiones correspondientes en tiempo y en forma pero al no cumplir con los requisitos que desde el Municipio y sujetos al Pout se requerían, quedaban sin el visto bueno. Lo cual tampoco justifica que hayan funcionado en las sombras sin autorización oficial y, mucho menos, que teniendo conocimiento de ello, el Estado Municipal no los haya clausurado.
“No me opongo a que este concejo, por una cuestión de necesidad, termine concediendo el uso de suelo correspondiente. Lo que sí creo es que sin tener ninguna respuesta a esa situación planteada, estamos blanqueando un procedimiento que ha sido muy poco transparente”, explicó en su momento Brunengo, refiriéndose a esa clandestinidad que, a su entender, no hubiera sido posible sin la vista gorda y el sostén de quienes debieron controlar la situación.
Pero lo que no se está teniendo en cuenta en esta historia es la gravedad de una situación que sin duda podría haber provocado un sin número de tragedias. Y aquí no se trata de ser extremistas juzgando sobre hechos que podrían haber ocurrido y no sucedieron, sino de ser conscientes en reconocer que cualquier hecho que pueda suceder dentro de estos establecimientos clandestinos (en donde tratan nada más y nada menos que con personas de la tercera edad cuyos familiares en la mayoría de los casos desconocen acerca de la ilegalidad de esos albergues) recae sobre un solo y único responsable, el Municipio.
Hoy, los protocolos de salubridad y cuidado que exige el Ministerio de Salud de la Nación por una cuestión de emergencia, requiere que estos espacios estén en orden de una vez por todas. Aunque sea con permisos provisorios, según lo establece la reciente ordenanza.
Aquí el Proyecto completo: PROYECTO DE ORDENANZA PREVENCIÓN Y ABORDAJE DE COVID19 EN RESIDENCIAS DE PERSONAS MAYORES
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