En el día de ayer, la Jueza de Control de 9ª Nominación de la Ciudad de Córdoba, Dra. Celeste Ferreyra hizo lugar a un Habeas Corpus (HC) colectivo dirigido a proteger la integridad física y la libertad de defensores ambientales de la provincia de Córdoba, quienes han sufrido en varias ocasiones distintos tipos de violencia institucional y desatención de sus demandas por parte de diferentes entes estatales provinciales y municipales. Este Habeas Corpus colectivo y preventivo significa, de acuerdo a lo comunicado por el cuerpo de ambientalistas, la primera respuesta de la Justicia de Córdoba a las demandas planteadas por la Mesa de Organizaciones, Comunidades Indígenas y Asambleas Socioambientales.
Atento a ello, la Dra. Ferreyra RESUELVE: “1. Exhortar a la Policía de la Provincia de Córdoba para que se abstenga de realizar medidas que impliquen limitaciones o amenazas a la libertad ambulatoria del colectivo conformado por los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, comunidades de pueblos originarios, pobladores de las localidades afectadas y abogados defensores de los Valles de Punilla, Paravachasca y Sierras Chicas, que se manifiesten pacíficamente en favor del medioambiente, siempre que no exista una orden judicial que así lo disponga o se verifique alguno de los supuestos taxativamente previstos en el CPP. 2. Exhortar a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba para que haga conocer a todo el personal de la Policía de la Provincia de Córdoba que en el ejercicio de las facultades que se correspondan con la ley de Seguridad Pública de la Provincia de Córdoba y con el Protocolo de actuación policial para el uso legal y racional de la fuerza en la Provincia de Córdoba, la privación de la libertad sólo procede con carácter excepcional y cuando resulte absolutamente necesaria; que las razones que la determinan deberán constar expresamente y que particularmente deberán tener presentes las consideraciones hechas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Torres Millacura y otros vs. Argentina” (sentencia del 26 de agosto de 2011), y las disposiciones plasmadas en el Acuerdo de Escazú (ley 27.566). 3. Recomendar al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, para que a través del Ministerio de Seguridad elabore un protocolo destinado específicamente a regular las prácticas y criterios de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones sociales que tengan por fin proclamar o defender derechos reconocidos por la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, entre ellos los derechos ambientales reconocidos por el Acuerdo de Escazú (ley 27.566). 4. Encomendar a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba que el personal superior de la fuerza policial se interiorice del contenido de la presente resolución. 5. Remitir copia de la presente al Tribunal Superior de Justicia, al Superior Gobierno de la Provincia de Córdoba, al Sr. Ministro de Seguridad de la Provincia de Córdoba, a la Sra. Jefa de la Policía de la Provincia de Córdoba y a la Oficina de Derechos Humanos del Poder Judicial de Córdoba.”
Juan Smith, abogado de esta comunidad, dialogó con Todo Pasa donde comentó cuál es la situación actual de los reclamos. “Los sectores ambientalistas de la provincia de Córdoba el 28 de julio hicimos una jornada en el Tribunal Superior de Justicia porque entendíamos que las causas están detenidas y no se dictan las medidas cautelares ni tampoco se investigan las causas penales donde hay estudios de impacto ambiental dudosos”. En ese contexto, presentaron un Habeas Corpus preventivo, ya que además de no ajustarse a la actividad requerida en las causas ambientales, existe un constante maltrato policial hacia los activistas. “Hemos sido detenidos e imputados. Le pedimos al Poder Judicial que dictara un Habeas Corpus, la cual salió el día de ayer”. Este documento exhorta a la Policía de la Provincia a tomar las medidas necesarias para que cada vez que se realice una protesta pacífica, la respeten, además de capacitarse en las normas relacionadas a reclamos pacifistas y derechos a huelga.
Por otra parte, Smith manifestó que “Córdoba está atravesando la peor situación medioambiental de la historia”. “En cada manifestación lo que estamos protegiendo son los bienes comunes. Estamos reclamando fuertemente en Punilla y Paravachasca. Luego del dictado de la Jueza la policía aumentó el control policial. Además de que se respeten nuestros derechos, necesitamos la premura en las causas ambientales”. El abogado aseguró que seguirán con los acampes en la zona de Tribunales y también en los espacios donde el medioambiente está siendo atacado.
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