En la mañana de Radio 88.9, Barón Villar y Liliana Heredia —representantes del sector de taxis y remises de Alta Gracia— dialogaron sobre la reciente ordenanza que regula el funcionamiento de aplicaciones como Uber, Cabify y Didi en la ciudad. La normativa ya fue aprobada por el Concejo Deliberante y se encuentra en proceso de reglamentación.
Villar explicó que la ordenanza es el resultado de “diez meses de trabajo en el Concejo Deliberante” y que busca ordenar el funcionamiento de todas las plataformas de transporte, incluidas las propias aplicaciones que utilizan las empresas locales de remis.
La Secretaría de Transporte tiene ahora 30 días para reglamentarla y, una vez cumplido ese plazo, las plataformas tendrán otros 30 días para darse de alta en la ciudad y habilitar a sus choferes.
Sin embargo, Villar remarcó un punto clave:
“Ninguna de estas aplicaciones tiene domicilio fiscal en Argentina, y su modelo de negocio es no pagar impuestos en los países donde operan”.
Según detalló, cuando un usuario acepta los términos de Uber, allí se aclara que la empresa no presta servicio de transporte: solo vincula a un pasajero con alguien que ofrece un traslado.
“No se hacen responsables de nada. La responsabilidad recae en el conductor, que debe cumplir la legislación de su jurisdicción.”
El desafío, explica, radica en que estas plataformas deberían adaptarse a la figura de empresa de transporte, con los mismos requisitos fiscales y de control que se le exigen a taxis y remises.
Liliana Heredia recordó que el sector “sostiene el trabajo de unas 300 a 400 familias” entre choferes, permisionarios y personal de las tres empresas locales. También expresó el impacto que tuvo la llegada de las aplicaciones:
“Al principio nos afectó, muchos probaron Uber. Pero la mayoría volvió por la responsabilidad que ofrecemos. Si hay una queja, si se pierde algo, si hay que buscar a un chico al colegio… ¿quién responde? Nosotros siempre trabajamos con todas las de la ley.”
Consultado sobre las críticas habituales que mencionan demoras o dificultades para conseguir coche, Villar reconoció que el sector atravesó momentos complicados, especialmente durante y después de la pandemia, cuando muchas unidades quedaron deterioradas por el trabajo continuo.
Aun así, explicó que siempre solicitaron al municipio la entrega de más habilitaciones porque la demanda superaba la capacidad existente:
“No podemos inventar autos. Las quejas nos llegaban a nosotros porque no había suficientes unidades habilitadas”.
Uno de los ejes más fuertes de la entrevista fue el requisito histórico de que los choferes sean de Alta Gracia, cuenten con carnet habilitado en la ciudad y no tengan antecedentes.
“La fuente de trabajo se origina en esta ciudad y es para gente de esta ciudad”, sostuvo Villar, cuestionando que las aplicaciones permitan trabajar a conductores de cualquier localidad. Según explicó, abrir indiscriminadamente el cupo provocaría una sobreoferta que haría inviable el negocio para todos.
También enfatizó que el límite de chapas existe por ordenanza: cada habilitación se entrega según la cantidad de habitantes. Por eso propusieron que, si se autoriza un cupo para aplicaciones, las primeras habilitaciones sean ofrecidas a quienes están en lista de espera hace años —algunos más de 15 o 20— e incluso a choferes que fallecieron sin haber recibido la suya.
Ante la consulta de si han tenido contacto con trabajadores de Uber, ambos fueron claros:
“Una vez que se legalicen, no tenemos problema en conversar. Pero no podemos dialogar con gente que no está dentro de la ley”.
El sector aguardará los plazos establecidos y confía en que la Secretaría de Transporte realice los controles necesarios, tanto sobre taxis y remises como sobre las aplicaciones.
“Nos regimos por los pasos legales. Esperamos que se cumpla todo como corresponde y que las nuevas plataformas se incorporen dentro del mismo marco que se nos exige a nosotros”, expresaron.
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