La cuestión de la portación de armas, legítima, de parte de oficiales de la Policía de Córdoba, nuevamente entró en discusión, después de que el fin de semana Carlos Monje asesinara a su pareja y su suegra, para luego suicidarse.
Pocos días después, la Secretaría de Seguridad provincial fue parte del anuncio de la creación de una dependencia de Salud Mental en la fuerza, que encabeza Marcela Santucho
La propia uniformada, licenciada en Psicología, dio a conocer que existen ochocientos casos que requirieron la quita de la Berza 9 milímetros a efectivos, sobre un total de los 22.000 que la componen.
De ese total, a 250 se les retiró el arma por denuncias de casos de violencia familiar.
En ese contexto se ubica el caso de Monje, donde Santucho adujo un error por el cual la presentación judicial que pesaba contra su persona no había sido notificada.
Las situaciones de los cabos Ricardo Campos (detenido por asesinar a su esposa en barrio Chateau Carreras de la ciudad de Córdoba) y José Contreras, quien se suicidió luego de matar a su esposa, resumen casos similares.
Fuente CBA 24
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