El sistema de discapacidad en Argentina volvió a entrar en estado de alerta. Este martes se llevó a cabo un paro nacional del sector, acompañado por movilizaciones en distintos puntos del país, en rechazo a un nuevo proyecto de ley impulsado por el gobierno nacional bajo el título “Ley contra el fraude de pensiones por invalidez”.
La iniciativa, según denuncian organizaciones, no solo apunta a auditar pensiones, sino que introduce cambios profundos que podrían afectar derechos ya conquistados. El conflicto se da en un contexto aún más delicado: la vigente Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad —sancionada recientemente— no se estaría cumpliendo en su totalidad.
La ley de emergencia establece medidas clave como la actualización de aranceles para prestadores según inflación y mejoras en las pensiones no contributivas. Sin embargo, desde el sector denuncian demoras en pagos y falta de implementación efectiva.
A esto se suma el nuevo proyecto impulsado por el gobierno de Javier Milei, que propone:
- Auditorías masivas y reempadronamiento obligatorio
- Posible baja de pensiones consideradas “irregulares”
- Incompatibilidad entre pensión y trabajo formal
- Desregulación del sistema de prestaciones
Organizaciones advierten que, bajo el argumento de “combatir el fraude”, se estaría avanzando en un recorte estructural. En diálogo con la 88.9, Verónica Antúnez, de la Fundación Espacios, expresó una fuerte preocupación:
“Este proyecto no solo revisa pensiones, sino que desmantela el sistema. Se presenta como una lucha contra el fraude, pero en realidad implica un retroceso en derechos.”
Antúnez explicó que actualmente el sistema argentino garantiza cierta equidad: todas las personas con discapacidad reciben prestaciones de calidad independientemente de su obra social. Sin embargo, la posible desregulación cambiaría ese principio.
“Si esto se aprueba, el acceso a la calidad de atención va a depender de cuánto pague cada obra social. Se rompe la igualdad.”
Uno de los puntos más cuestionados es la incompatibilidad entre pensión y empleo formal. Hoy, una persona puede trabajar y seguir percibiendo este ingreso, que ronda los $300.000. El proyecto propone eliminar esa posibilidad.
“Es gravísimo. Conseguir trabajo ya es difícil, más aún para una persona con discapacidad. Y encima se le quita la pensión si logra insertarse laboralmente”, señaló Antúnez.
Además, se prevé un reempadronamiento en plazos breves, lo que podría dejar afuera a personas que no logren cumplir con los requisitos administrativos.
El conflicto no es solo legislativo. Las instituciones denuncian atrasos en pagos por parte del Estado nacional desde fines de 2025, lo que pone en riesgo la continuidad de servicios: “Hay centros que no cobran desde diciembre. Estamos sosteniendo todo como podemos”, explicaron.
En ese marco, el paro nacional se presentó como una medida de visibilización frente a una situación que consideran insostenible. Desde el sector insisten en que no se trata solo de un reclamo sectorial, sino de un debate más amplio sobre el rol del Estado y el tipo de sociedad que se construye.
“No es solo por nosotros. Es preguntarnos qué pasa si mañana cualquiera de nosotros necesita este sistema. Qué sociedad queremos.”
La discusión ahora pasará al Congreso, donde el proyecto deberá ser tratado. Mientras tanto, el colectivo de discapacidad se mantiene en estado de alerta y movilización.
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