En una conferencia conjunta entre los dos partidos presentaron un documento de cinco puntos cuestionando el Presupuesto que mañana con mayoría oficialista será presentado en el Concejo. Entre los puntos destacados se encuentra la «Sobreestimación de los ingresos y baja ejecución» donde destacan que en ejercicios anteriores incluyendo la presente ejecución hasta el mes de octubre lo efectivamente ejecutado del presupuesto asignado a cada ítem no superaría el 70% de las partidas asignadas, sobre todo en el rubro de obra pública.
Otro de los puntos subrayados es «El incremento exponencial de deuda pública», indicando que en los últimos tres años el municipio carga una deuda aproximada de 45 millones de pesos, «poniendo en riesgo el funcionamiento del estado municipal».
El análisis opositor continúa con un «90% de presupuesto en gastos de funcionamiento y elevada planta política», la baja recaudación de ingresos y la sub ejecución de partidas determinaría que los ingresos vayan a parar casi exclusivamente al pago de sueldos, quedando relegada la obra pública donde de 74 millones que hasta septiembre estaban pautados ejecutarse, solo se habrían gastado 18 millones. Otro punto analizado fueron los elevados sueldos de funcionarios municipales, que representarían un porcentaje mayor al de la totalidad del personal de la Municipalidad en su conjunto.
Párrafo aparte dejaron los ediles para «La privatización de las obras y servicios públicos», realizadas por empresas «amigas»: Plan de pavimentación, acceso Norte y Sur, García Lorca, rotonda del Ancla, Iluminación general, refacción de calle Belgrano, etc. Obras que según la oposición podrían hacerse con personal municipal.
Finalmente los concejales cuestionaron los «Siete millones en propaganda», destinados a difundir la gestión Saieg-Torres, e indicando que el 2015 el modelo se profundizará con unos 250 mil pesos en ese rubro.
Además los ediles destacaron que los 45 millones de deuda flotante (cheques de pago diferido, en algunos casos con un año de tiempo para ser cobrados), pone en riesgo el funcionamiento de los proveedores municipales.
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