El Despacho de la Comisión de Hacienda leído por el concejal Maximiliano Caminada pidiendo autorizar al Ejecutivo a expropiar 30 lotes fue rechazado por la oposición, aunque con argumentos y profundidades distintas. Finalmente se aprobó por 5 votos contra 4 tras un extenso debate.
El radicalismo pidió devolver el Despacho al Concejo en Comisión a la espera de tener la opinión del Colegio de Abogados de la ciudad, que había solicitado por nota se le remitieran las Ordenanzas relativas al tema para su estudio. El oficialismo se defendió de ello indicando que en tres oportunidades el secretario legislativo había llamado al Colegio de Abogados indicando que las Ordenanzas estaban a disposición y nunca las habían retirado.
La cabeza de Villar
El punto más álgido del debate fue cuando el concejal socialista Rodrigo Martínez leyó el Despacho en disidencia de su partido señalando lo que consideraba errores en el pedido de expropiación. Entre las falencias subrayadas por el edil, figuraban el no haber notificado a los deudores de estar en mora, el hecho de que muchos de ellos ni siquiera estaban el Procuración o en trámite prejudicial. Además, Martínez resaltó que no estaba bien fundamentada la Utilidad Pública por la cual el estado avanzaba en el sentido de la Expropiación y que los dictámenes tenían fundamentos copiados uno del otro, sin clarificar puntualmente los casos.
Además, Martínez indicó que el estado municipal podría recibir juicios en su contra de avanzar con la iniciativa debido a que muchos de los expropiados pueden tener domicilio fuera de la ciudad, y ver lacerados sus derechos de defensa, defendidos por leyes nacionales y provinciales. Los suspiros y ademanes surgieron cuando el concejal culminó la lectura de su despacho pidiendo que el Concejo solicite la destitución del asesor letrado, Daniel Villar.
A favor y en contra
La UCR hizo equilibro ante el pedido de Martínez, al que no acompañó, aunque destacó que al momento de la elección de los dos asesores letrados municipales el voto del partido fue contrario a los nombres de Roberto Urreta primero y Daniel Villar después.
Los contrapuntos entre los ediles Maximiliano Caminada y Roberto Urreta llevaron a elevar la voz y el presidente del Concejo Deliberante, Iván Poletta, criticaron los argumentos de Martínez por el tiempo que tiene de tratada la Ordenanza y por sus críticas a Villar, calificándolo de «aberración», lo que Martínez exigió que conste en actas.
El concejal Claudio Farias defendió la gestión de Villar y del anterior asesor letrado, Roberto Urreta, indicando que eran asesores «de todos los concejales», no solo de Unión por Córdoba.
Por su parte el concejal Osvaldo Ledesma aportó mesura al acalorado debate señalando que si la tarea del Concejo era facultar al Ejecutivo a realizar las expropiaciones, y si estas estaban más elaboradas, sería la Justicia quien devolvería los expedientes al Concejo.
Finalmente, el edil de Encuentro por Alta Gracia se defendió: «se está realizando una quita de un bien a un privado para dárselo discrecionalmente a otro, transformando al municipio en una gran inmobiliaria».
Villar dixit
Encontrado a la salida de la charla que Jorge Lawson brindó en el Espacio Cultural Solares, Daniel Villar escuchó los argumentos de Martínez y los rechazó: «los lotes no necesitan pasar por Procuración porque eso sería necesario en un Remate, no en una Expropiación, la Provincia (por ejemplo) no notificó a todos los expropiados del sur provincial, simplemente avanzó con la Expropiación. Si alguien hace juicio cobraría lo que estipule la expropiación».
En el mismo sentido, el avezado letrado municipal indicó que la Utilidad Pública estaba fundamentada sobradamente en las necesidades habitacionales de la población de la ciudad.
Villar invitó a los representantes del bloque socialista a conversar para dirimir estas diferencias y aclarar los puntos que sean necesarios.
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