El legislador provincial de la UCR, Dante Rossi, presentó un proyecto de resolución para que la Legislatura de Córdoba inste a los diputados nacionales de la provincia a promover en el Congreso un pedido de juicio político contra la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.
Rossi sostiene que Bullrich incurrió en un “mal desempeño” de sus funciones al impulsar una presentación judicial que buscó allanar el canal de streaming Carnaval y a los periodistas Jorge Rial, Mauro Federico y Franco Bindi. La denuncia del Ministerio de Seguridad también alcanzó al dirigente deportivo Pablo Toviggino, número dos de la AFA.
“Estamos frente a un brutal ataque a la libertad de expresión, que pretende violar el secreto de las fuentes periodísticas en medio de graves denuncias de corrupción”, denunció Rossi. Y agregó: “El Gobierno, en lugar de demostrar inocencia y aclarar lo sucedido, busca tapar el sol con las manos a través de medidas autoritarias”.
En las últimas horas, la Justicia federal dictó una cautelar que prohíbe la difusión de los audios filtrados desde Casa Rosada, atribuidos a Karina Milei y otros funcionarios. El constitucionalista Andrés Gil Domínguez cuestionó la medida al advertir que “una cautelar sin plazo y sin sujeto pasivo que impone censura previa a la función periodística afecta la libertad de expresión”.
El papelón televisivo
Patricia Bullrich salió a defenderse en los medios, pero terminó protagonizando un momento incómodo en televisión. En una entrevista con Pablo Rossi negó haber pedido allanamientos contra periodistas. Sin embargo, el propio conductor hizo leer en vivo el documento oficial que contenía un apartado titulado “Allanamientos”, donde se mencionaba expresamente a Rial, Federico, Bindi y Toviggino.
El episodio generó un fuerte revuelo y se sumó a otros momentos desafortunados de la ministra, que incluso llegó a emocionarse hasta las lágrimas al recordar el caso Santiago Maldonado, en un contexto de creciente tensión en el gabinete nacional.
Espías rusos y venezolanos
En paralelo, Bullrich insistió en la hipótesis de una “operación extranjera” detrás de las filtraciones. “Denunciamos a personas ligadas a servicios de inteligencia rusos. Sabíamos que podría haber incidencia de Venezuela”, dijo la ministra, aunque también admitió que “la grabación la pudo hacer cualquier persona”.
La estrategia oficial, que evita discutir el contenido de los audios y se concentra en la teoría del complot, quedó en entredicho frente a las acusaciones de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y compras con presuntos sobreprecios en el PAMI.
Un frente político abierto
Con la presentación de Rossi, la crisis de Bullrich trasciende el gabinete y comienza a escalar al Congreso. El pedido de juicio político suma un nuevo elemento a un escenario donde la ministra ya enfrenta denuncias de censura, contradicciones públicas y pérdida de credibilidad.
En un clima enrarecido, la ministra de Seguridad aparece cada vez más acorralada, en medio de un gobierno que busca frenar el impacto de los audios filtrados pero que no logra disipar las sospechas de corrupción ni las críticas por sus intentos de silenciar a la prensa.
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