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Drazile sentó un precendente y se abrió el debate en la Legislatura

Hace pocos días el legislador Juan Pablo Quinteros (Frente Cívico) presentó en la Legislatura un proyecto que intenta abrir el debate en relación a la divulgación de imagenes en casos sensibles a la sociedad. Motivó esta iniciativa -que pasó a Comisión y será debatida en los próximos días- el hecho policial que sucedió en la ciudad de Córdoba donde una joven mujer seccionó los genitales de su pareja y a los pocos minutos los detalles del caso no sólo eran difundidos por las redes sociales, sino también en algunos medios que se colocaban el cartel de “primicia”, y hacían lo propio en sus respectivos diarios.

Se abrió el debate
En diálogo con Resumen, Quinteros manifestó sentirse conforme porque comenzó a hablarse de este tema en lugares donde se puede hacer algo al respecto: “Si bien en la sociedad ya se había comenzado a hablar y a repudiar esta forma de tratar los casos, hacía falta que se abriera el debate en sitios donde se puede tratar alguna modificación, por ejemplo, del Código de Convivencia”, relató; y agregó: “Ese tipo de actos llevados a cabo por agentes públicos están prohibidos según el artículo 157 del Código Penal, sin embargo sigue sucediendo y tenemos que frenarlo de alguna manera, haciendo -por ejemplo- un protocolo de actuación”, relató.

Sentó un precedente
Si bien se sabe que se trata de algo “penalizado por la ley”, es frecuente que ocurra y se ha visto en innumerables casos; lo que también es frecuente es no conocer actuaciones judiciales al respecto; sin embargo en Alta Gracia hay un caso testigo que sentó un precedente sobre el tema.

El fiscal Emilio Drazile imputó a un policía por divulgar la fotografía de Pablo “Paco” García con un disparo en el rostro el año anterior. Se trató del segundo caso de denuncias a uniformados por estas causas, y aunque las autoridades han prohibido a sus agentes tomar fotos de este tipo de hechos, continúan viralizandose cada vez que ocurre algo similar.

El magistrado imputó al uniformado por “abuso de autoridad” y “violación del secreto”, en consonancia con el artículo 157 del Código Penal. En aquella oportunidad, investigó el caso hasta que pudo concluir quién era el responsable y  luego se corrió una circular por la Departamental Santa María donde se prohibía a los uniformados tomar fotografías en el lugar el crimen.

“Sin dudas Drazile sentó un precendente, porque no hay muchas imputaciones sobre el tema. Sabemos que es casi imposible controlar a 2 millones de usuarios de WhatsApp , pero por lo menos debemos trabajar en la responsabilidad de quienes están en el lugar de los hechos. Hay muy buena predisposición del oficialismo para tratar este tema, y seguramente la semana que viene vendrá Policía Judicial y distintos actores a la Legislatura para que debatamos al respecto”, señaló Quinteros.

Contradicciones
Si bien, como ya se dijo, se habría bajado la orden desde la Policía de no tomar fotografías, también es una realidad que hay otra orden, y es lograr una instantánea de cada hecho al que asisten; foto que luego llega a quien está a cargo de la dependencia. Más allá de que son pruebas que no deberían trascender a la opinión pública, frecuentemente lo hacen. De todos modos, la Policía no es el único agente público que interviene en este tipo de hechos, por lo que el debate se centrará en todos los actores y las actuaciones que deberían tener al respecto.

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