El Gobierno nacional ratificó que en octubre y en noviembre volverán a aumentar las tarifas de electricidad y gas, y puso en marcha una estrategia para comenzar a compartir el costo político de esos ajustes con los gobernadores, ante el gran rechazo social que generan estos incrementos.
En ese marco, el ministro de Energía, Javier Iguacel, le mandó un mensaje al gobernador Juan Schiaretti: que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (Epec) no ajuste el precio de la distribución más allá del acumulado de inflación desde febrero reportado por el Indec.
La variación del precio de la energía eléctrica dependerá de la zona del país en la que viva cada usuario. Esto se debe a que en Capital Federal y Gran Buenos Aires aún hay una porción mayor de subsidios en las facturas que en otras zonas del país. Y, por ello, el golpe al bolsillo será mayor.
Dado que en las provincias los precios del tramo de la distribución lo definen los gobiernos locales que administran las empresas distribuidoras, el Gobierno salió a pedirles a los mandatarios que no superen el ajuste más allá de lo que reporta el Indec.
Para ajustar el valor de la distribución que aplicarán a los usuarios domiciliarios, comerciales e industriales, los gobernadores deberán tomar en cuenta la inflación acumulada desde febrero pasado cuando se dio el último incremento.
El temor del Gobierno nacional es que los jefes provinciales definan incrementos mayores a la inflación oficial para reducir los déficits que tienen las empresas distribuidoras que, en la mayoría de los casos, están en manos de los Estados provinciales.
Para Capital Federal y Gran Buenos Aires el alza en las tarifas eléctricas se ubicará entre el 25% y el 30%. “Si los gobernadores se ‘ponen las pilas’ y aumentan el precio de la distribución por inflación, en algunos casos el incremento de las tarifas debería ser menor al 15%. Santa Fe y Córdoba deberían hacer eso”, apuntó Iguacel.
Fuente: La Voz del Interior
