El Gobierno argentino impulsa una reforma de la Ley Nacional de Salud Mental N° 26.657, buscando flexibilizar internaciones involuntarias, priorizar el criterio médico psiquiátrico sobre el interdisciplinario, habilitar instituciones monovalentes (manicomios) y cambiar el enfoque a «trastornos mentales». El objetivo es agilizar la atención en crisis.
En diálogo con Radio 88.9, el psicólogo Jorge Pizarro se refirió a la necesidad de revisar y actualizar la Ley Nacional de Salud Mental, vigente en el país desde hace 15 años.
Según expresó, si bien la ley significó un avance en materia de derechos, hoy presenta “puntos grises” que impactan en la atención de las personas con padecimientos mentales.
Pizarro destacó que uno de los pilares fundamentales fue la desmanicomialización, es decir, dejar atrás el modelo de aislamiento en instituciones psiquiátricas y avanzar hacia un abordaje más humano e inclusivo.
“El concepto de desmanicomialización, de poder cerrar y dejar de aislar a la gente con padecimiento mental, es un punto que no debe perderse de esta ley”, explicó.
Sin embargo, advirtió que existen limitaciones que hoy dificultan intervenir a tiempo. Uno de los principales puntos a modificar es el criterio actual para disponer una internación, que solo contempla el riesgo inminente de daño o la voluntad del paciente.
“La intervención no puede seguir siendo un limbo legal; debe ser una herramienta terapéutica precisa”, afirmó.
En ese sentido, propuso ampliar ese criterio e incorporar la posibilidad de actuar ante riesgos antecedentes, es decir, antes de que la crisis estalle.
“Hay que modificar la condición única de internación. No puede ser solo cuando el daño es inminente. Tiene que poder intervenirse antes, para evitar que la persona termine mal. Hay que prevenir, visibilizar y dar ayuda”, sostuvo.
Además, puso el foco en una problemática creciente: el consumo problemático de sustancias, que actualmente muchas veces no encuadra dentro de los criterios de internación.
“Hoy el consumo problemático no siempre es considerado un riesgo para internación, pero necesita un acompañamiento real, un seguimiento y un trabajo integral con especialistas en adicciones”, explicó.
Otro aspecto clave señalado por Pizarro es la necesidad de una mayor intervención de la Justicia en los casos de salud mental, especialmente en lo que refiere a la capacidad jurídica de las personas.
“Es muy importante que la Justicia pueda accionar y determinar si una persona está en condiciones de tomar decisiones o no. Resolver el proceso de la capacidad jurídica es fundamental”, indicó.
En cuanto al sistema de salud, advirtió sobre la situación crítica a nivel local:
“El hospital de Alta Gracia está colapsado en salud mental”.
Por ello, planteó la necesidad de redefinir el rol de los hospitales psiquiátricos y permitir que clínicas y sanatorios puedan recibir pacientes, ampliando la capacidad de respuesta del sistema.
También remarcó la importancia de avanzar en la federalización de la ley, ya que solo 16 provincias están adheridas plenamente. En ese marco, recordó que Córdoba no está formalmente adherida, aunque cuenta con su propia normativa desde 2010.
“La salud en los últimos 20 años no ha sido prioridad a nivel nacional. El primer requisito de la ley es dar recursos y brindar apoyo a quienes se encargan”, concluyó.
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