A tan solo una semana de la marcha en la que los vecinos organizados del Movimiento 1 de Mayo, Asentamiento de Barrio Sabattini y la Asociación Comunitaria 8 de Agosto pidieron que se atiendan las necesidades de los barrios en cuanto a servicios públicos y obras de infraestructuras, y además una planificación para viviendas sociales, el pasado martes 19 familias de distintos barrios de la ciudad, se reunieron con el Secretario de Gobierno Marcos Torres, para pedir que se les asignen lotes en un terreno en desuso ubicado en Barrio Córdoba ( entre las calles Cuba y Alfonsín).
Según manifestaron algunos de los representantes del colectivo de vecinos “Pagamos alquileres altísimos o vivimos de prestado y todos tenemos más de una persona a cargo. Somos todos humildes, trabajadores y no queremos que nos regalen nada. Queremos poder adquirir esos terrenos que están abandonados con yuyos y basura. Una oportunidad de pagarlo en cuotas accesibles”.
El miércoles por la mañana se presentaron otra vez en las mismas dependencias para conocer acerca del avance del pedido, pero además para manifestar un profundo malestar debido a presuntas declaraciones del Asesor Letrado de la Municipal a un medio de la Ciudad al cual habría declarado, según aseguran los vecinos, que “se presentaron a limpiar los terrenos con las caras tapadas”. Los integrantes de este colectivo que nace a raíz de esta propuesta, niegan los hechos aunque admiten haber empezado las tareas de limpieza del terreno el viernes pasado y que las tuvieron que abandonarlas por la llegada de personal policial, a raíz de una denuncia anónima.
«No vamos a avalar ninguna toma»
Consultado por Resumen, acerca de postura oficial y de las medidas que el Estado decidiera tomar al respecto, Marcos Torres, Secretario de Gobierno, aclara que: “Teniendo en cuenta el loteo de Barrio Parque San Juan, la manifestación de Barrio 1 de Mayo, los conflictos trabados con la Asociación 8 de Agosto, los vecinos de Solares del Palmar (calle Rawson en Sabattini), los vecinos que se presentaron ayer buscando tierras en Barrio Córdoba, desde el municipio vamos a acompañar, vamos a asesorar con la responsabilidad institucional que debe tener pero no vamos a avalar ninguna toma, ninguna usurpación en terrenos privados ni públicos, lo dijo el Intendente y lo digo yo, no vamos avalar ni acompañar nada que sea en contra; porque genera inseguridad jurídica, ya que el derecho de los privados se ve vulnerado por un grupo de personas que tienen la necesidad real de satisfacer sus necesidad habitacional, entendemos los altos costos de alquileres”. Una postura muy clara que deja presumir que, más allá de todo asesoramiento, la prioridad de este momento es poner un freno a las manifestaciones e iniciativas de este tipo.
¿Se puede expropriar?
Poco se habla ya, en los pasillos municipales, de la famosa ordenanza 9769 Expropiación de lotes, que marcó el inicio de la gestión de Facundo Torres como Intendente a cargo, en 2014.
El proyecto tenía como eje una política habitacional destinada a los sectores más desfavorecidos y siempre limitando la compra a matrimonios o familias de bajos recursos que vivan en el ejido municipal. De hecho según recita, el precio de base para quienes deseen acceder lo tiene que determinar oportunamente el Departamento Ejecutivo. Los lotes adjudicados tienen como única finalidad la vivienda unifamiliar y no pueden ser transferidos por diez años, para evitar negocios comerciales con la compra a precio de remate. Los compradores tienen 18 meses para llegar a tener un 60% de avance de obra; una vez que cumplan este requisito, obtendrán la escritura correspondiente, libre de deudas. Si esta iniciativa avanza, restará contemplar los plazos para las expropiaciones y el remate.
De hecho,según lo trascendido, el terreno de barrio Córdoba pertenecería a un hombre domiciliado en Buenos Aires. Si se demostraran algunos puntos (tratándose de inmuebles baldíos dentro del Ejido Municipal), por ejemplo, que los mismos registren estado de abandono por sus propietarios registrales de más de cinco años, constituyendo causales de presunción, la falta de pago de tributos municipales; falta de mantenimiento de malezas y limpieza; que los titulares registrales no se domicilien en la ciudad de Alta Gracia; según la ordenanza de expropiación, aprobada en agosto de 2014, el Municipio podría expropiarlo para destinarlo a viviendas sociales.
A este propósito, Marcos Torres admite que esa iniciativa fracasó y nunca se logró implementar, porque los precios a los que deberían adquirirlos son demasiados altos para el Municipio y hacen inviable la posibilidad de lotearlos y venderlos a precios ventajosos para familias necesitadas: “Entendimos que podía ser una buena herramienta pero no pudo implementarse, hicimos todos los procedimientos correspondientes, gestiones administrativas. La idea siempre fue darle la posibilidad al vecino de poder adquirir una tierra a un precio que no sea el del mercado teniendo en cuenta los altos costos y las dificultades para obtener la financiación, pero lamentablemente una vez realizada las tasaciones vimos que nuestras multas y deudas no alcanzan ni cerca los montos que esperábamos. El Consejo de Tasaciones las valoró a precio de mercado cosa que hace imposible el acceso del municipio y mucho menos de un privado. Buscaremos otras herramientas para que haya una ejecución de esas tierras ociosas que generan malestar, malezas y que obstaculizan el crecimiento del barrio. En un remate lo pueda adquirir cualquier vecino o el municipio también”.
Unidad Ejecutora
Torres remarca más de una vez el rol de la responsabilidad institucional para que la ciudad crezca de forma organizada y asesorar bien a los vecinos: “Siempre va a ser pensado en pos del crecimiento ordenado de la ciudad. Desde el municipio llevamos distintas políticas habitacionales, creo que lo hemos demostrado con respecto a Barrio Parque San Juan, asesorándolos, tratando de mediar entre el privado dueño de las tierras y las 105 familias que se quieren instalar, haciendo los estudios de escorrentías para que lo puedan adquirir en una forma pacífica como corresponde. Estamos trabajando con Unidad Ejecutora, para tener una oficina en nuestra ciudad. Es para todas aquellas personas que tienen una posesión. Vamos a seguir trabajando para generar hábitat, acompañar siempre”, cierra Torres. Es importante señalar que la Unidad Ejecutora para el Saneamiento de Títulos, tiene como objetivo la búsqueda y ejecución de acciones tendientes al Saneamiento de Títulos de Propiedad en toda la Provincia de Córdoba, y funciona bajo la órbita de la Secretaría de Justicia del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
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