Mientras desde el oficialismo recalcan que las antenas serán sometidas a controles por si afectan a la salud, desde la oposición cuestionan la parte económica y también el nivel de control que pueda ejercerse sobre un contrato de estas características.
Daniel Villar cargó contra el contrato anterior, que fue presentado por «decretazo» en la gestión de Mario Bonfigli, y reivindica el monto a pagar por la empresa ($2350000). Martínez consideró insuficiente ese monto y pidió la aplicación del artículo 93 de la Carta Orgánica municipal, al que Villar consideró improcedente por regir solo para servicios públicos.
Lea el debate completo este jueves en la edición impresa de Resumen de la Región.
Comentarios: