El abogado que integra una ONG especializada en defender los Derechos Humanos, indicó que para determinar la «Utilidad pública de un bien, debe realizarse un estudio técnico previo a la expropiación». Además consideró que en el futuro dependerá del criterio de los jueces el hacer o no a lugar a reclamos de posibles propietarios expropiados valiéndose de leyes provinciales, el Código Civil y la Constitución.
La iniciativa fue aprobada luego de arduas negociaciones entre el oficialismo y la UCR.
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