En las últimas horas, el fiscal de Distrito 1, Turno 1 de la ciudad de Córdoba, a cargo de Delitos Complejos, Enrique Gavier, cerró la investigación de la causa “Estancia Santa Lucía” y envió a juicio a ocho acusados de montar una asociación ilícita para estafar a particulares con la venta de terrenos que no les pertenecían.
Los imputados que deben responder en debate oral y público son Luis Raúl “Gabucho” Bizzocchi (49), el escribano Gonzalo Ernesto Argarate (60), Orlando Conti (69), el empresario Alejandro “Jano” Pedrosa (41), Marcelo Tobías Nasif (53), Ricardo Gustavo Bizzocchi (58, hermano de Luis Raúl), el abogado Rodrigo Maximiliano Marcelo Hoyos Gijón (37) y el abogado Omar Llamil Badrán (69).
El emprendimiento Estancia Santa Lucía fue trazado en una porción de tierras ubicada en camino a Alta Gracia –ruta provincial 5, kilómetro 17– que había tenido relación con un expediente de la megacausa del Registro de la Propiedad. Dentro ese reducto de tierras que no le pertenecían, Luis “Gabucho” Bizzochi habría diseñado un desarrollo inmobiliario junto con otros miembros de una organización ilícita, con la intención de vender cerca de 2.500 parcelas a más de U$S 16 mil cada una. Se estima que con la “venta” de esos terrenos, el agrupamiento ilegal se haría de unos U$S 50 millones.
En su requisitoria de citación a juicio firmada la semana pasada, Gavier les asigna a “Gabucho” Bizzocchi y a Conti el papel de “jefes” de “asociación ilícita”, más “falsedad ideológica”, coautores de “defraudación por otorgamiento de contrato simulado” y coautores de “estafas reiteradas” (todo en concurso real).
Al escribano Argarate lo envía a juicio como “organizador” de “asociación ilícita” y los otros cargos de los supuestos “jefes”: “falsedad ideológica”, coautor de “defraudación por otorgamiento de contrato simulado” y coautor de “estafas reiteradas”.
A “Jano” Pedrosa también lo considera “organizador” de “asociación ilícita” y “coautor de estafas reiteradas”.
En un escalón inferior, como miembros de la asociación ilícita, considera a Ricardo Gustavo Bizzocchi y a Nasif, a quienes también les reprocha los supuestos delitos de coautores de “defraudación por otorgamiento de contrato simulado” y coautores de “estafas reiteradas”.
A Hoyos Gijón le asigna el rol de miembro de “asociación ilícita”, más los presuntos delitos de coautor de “estafa” y partícipe necesario de “estafas reiteradas”.
Finalmente, a Badrán el fiscal lo incluye en la elevación a juicio como miembro de “asociación ilícita” y autor de “estafa procesal en grado de tentativa”.
Esta causa se relaciona con los allanamientos a “ricos y famosos” que se hicieron en agosto pasado y que encontraron irregularidades en empresarios y en hombres de negocios con relación a la financiación a este emprendimiento. Hay decenas de involucrados, pero no están incluidos en este expediente que se va a juicio.
Por otra parte, el escribano Argarate está vinculado también a una causa por presuntas estafas con la venta indebida de terrenos en el sur del Valle de Punilla, en localidades como Parque Siquiman, Bialet Massé y aledañas.
LA MANIOBRA
La investigación de Gavier dio comienzo en los últimos días de 2021, luego de una denuncia efectuada por el Registro General de la Propiedad. En esa presentación, el organismo provincial puso en conocimiento una serie de ilícitos relacionados con el loteo Mi Valle Country Club. El “emprendimiento inmobiliario” llamado “Estancia Santa Lucía” habría sido proyectado sobre la sección D de Mi Valle Country Club, sobre la autovía de la ruta provincial 5.
En las actuaciones judiciales se analizan estafas a particulares y se plantea que el desarrollista Luis Raúl Bizzochi lidera una asociación ilícita que habría vendido fraudulentamente terrenos a particulares en el camino a Alta Gracia, sin que las tierras le fueran propias. Junto con su hermano Gustavo Ricardo Bizzochi, Orlando Conti, Rodrigo Maximiliano Marcelo Hoyos Gijón y el escribano Argarate integran la asociación ilícita, según la acusación.
Más adelante, en noviembre pasado, fue detenido el emprendedor “Jano” Pedroza, quien está considerado organizador de la asociación ilícita y habría hecho aportes de capital para el desarrollo inmobiliario de Bizzocchi.
Según la investigación, el grupo habría vendido terrenos simulando la subdivisión de un loteo cuyo predio no les pertenecería.
De acuerdo con las actuaciones, estas tierras forman parte de predios más amplios que estuvieron sujetos a conflictos de la megacausa del Registro de la Propiedad, cuando estalló el caso en la mitad de la primera década de este siglo. De acuerdo con la hipótesis del fiscal esta causa es una continuación de las maniobras delictivas llevadas a cabo por dos grupos de personas diferentes, con intereses comunes, que fueron investigadas en la causa principal “Bett” (de 2007), ya elevada a juicio e integrante de la megacausa del Registro.
El fiscal sostiene en su escrito que los imputados tenían conocimiento desde 2013 de las irregularidades en torno a las tierras que conformaban el patrimonio de Mi Valle SRL y Mi Valle SA. Sin embargo, siguieron adelante con su plan delictivo. En una porción de ese predio desarrollaron Santa Lucía.
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