
La reciente denuncia de Viviana Aguirre, ex coordinadora contable del PAMI, expuso el entramado de internas, acomodos y prácticas poco transparentes que hoy envuelven a la gestión libertaria del organismo. En un contexto donde la conducción nacional del PAMI habla de “auditorías internas” y “privilegios heredados”, resulta inevitable volver la mirada sobre figuras como Cabanillas, que encarnan, con otra camiseta, las mismas lógicas de siempre.
Cabanillas fue designado en 2024 al frente del PAMI de Alta Gracia. Pero su historia no tiene nada de nueva. Ex funcionario de la gestión de Walter Saieg (2011-2015), ocupó cargos en la Secretaría de Desarrollo Social y luego en la Secretaría General de la Municipalidad. Más tarde, estuvo a cargo de la Oficina de Defensa del Consumidor. En 2019, integró la lista de Pablo Ortiz como candidato suplente al Tribunal de Cuentas, y por ese mismo espacio regresó brevemente a la gestión municipal como coordinador, hasta que fue removido en 2020. La versión que circuló entonces, jamás desmentida, es que Ortiz lo apartó por su escasa presencia y nulo cumplimiento de tareas, aunque su sueldo era casi equiparable al de un director. Por vago, en otros términos.
Un año más tarde, su padrino político, Oscar Maccari, también abandonó la función pública. Con él se desarmó la estructura que había sostenido a Cabanillas en sus cargos anteriores.
Reapareció en 2023, ya sin lugar en el peronismo, como parte del armado del Partido Demócrata que encabezó Darío Cuffa en representación de La Libertad Avanza. Figuró como candidato a concejal y volvió a subirse al tren electoral, esta vez con el discurso anti-casta que tanto contrasta con sus años de gestión peronista, con fotos en actos del 17 de octubre, los dedos en V bien altos y hasta el auto ploteado con la campaña de De la Sota gobernador. Fanatismo no le faltaba.
Según trascendidos, su designación fue más una imposición que una elección. La ex canciller Diana Mondino habría promovido su nombre ante la falta de cuadros técnicos en la zona, y el diputado Gabriel Bornoroni, más por necesidad que por convicción, terminó aceptando a regañadientes. No faltaron quienes, con algo de malicia, sugirieron una mano negra del peronismo local: designar a Cabanillas era una forma de bloquear el posible retorno del bullrichista Miguel Cantarini, que también aspiraba al cargo.
Mientras tanto, a nivel nacional, la nueva conducción del PAMI denuncia “uso excesivo de vías de excepción”, desvíos de fondos y designaciones a dedo. En paralelo, en Alta Gracia, el cargo más importante del organismo quedó en manos de alguien que, antes de jurar por el León, supo militar con fervor en el PJ local.
Paradójicamente, a Cabanillas se lo ha visto publicar en los últimos meses duras críticas contra la estructura pública, mientras él y varios familiares cercanos no tuvieron inconvenientes en formar parte de ella y percibir sueldos durante años.
Para ser sinceros, tampoco ahora, porque no trabaja ad honorem en un PAMI bajo escándalo nacional. Al contrario: su sueldo lo pagamos todos.
En tiempos donde se prometía terminar con la casta, en algunas oficinas del Estado parece que solo se cambió el logo y vuelve el pasado que había quedado afuera de todo.
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