Los vecinos nucleados en “Santa María Sin Basura” se presentaron, con el patrocinio de los abogados ambientalistas Darío Ávila, Carlos Gonzalo Quintana e Iván Sironi en la fiscalía de Alejandro Peralta Ottonello a fin de presentar una denuncia contra funcionarios que participaron del proceso de autorización del predio que Cormecor finalmente eligió para la instalación de la planta de tratamiento de residuos.
La denuncia es contra el Secretario de Ambiente de la provincia, Javier Britch, funcionarios de menor rango de la misma Secretaría y los presidentes comunales e intendentes que integran Cormecor S.A.
Cabe recordar que a mediados de noviembre de este año y pese a las contundentes protestas realizadas por los vecinos de Santa Ana, intendentes de todos los municipios socios de Cormecor se reunieron para firmar la convocatoria abierta a empresas, para que presenten sus «expresiones de interés» en la construcción y equipamiento del complejo ambiental. Según el comunicado de la empresa el secretario de Ambiente consideró que el complejo «es de primer nivel y único en Latinoamérica». Participaron el intendente Ramón Mestre, un representante del Surrbac y los intendentes de Alta Gracia, Río Ceballos, Juárez Celman, Villa Los Aromos y Malvinas Argentinas, además de un representante de Villa Allende.
Abuso de autoridad. Incumplimiento de los deberes de funcionario público
Estos son los delitos que los vecinos quieren que la fiscalía investigue. En diálogo con Carlos Gonzalo Quintana, uno de los tres letrados, expresó que hubo más de 80 vecinos que participaron y apoyaron la denuncia. “Básicamente hay leyes y ordenanzas que regulan el uso del suelo provincial y establecen que el lugar que han seleccionado para hacer este emprendimiento está destinado exclusivamente para uso agropecuario. Por lo tanto, una actividad que genera tamaño impacto ambiental no puede estar en un lugar donde está prohibido. Por eso hemos denunciado a los funcionarios que han violado la legislación que aún está vigente”
Por otra parte y al ser consultado sobre cuáles son los pasos a seguir Quintana dijo que “La fiscalía debe estudiar la denuncia, dar trámite y admitir como querellantes particulares a los vecinos que solicitaron serlo. A partir de ahí ya empezamos a trabajar de manera activa en el proceso ofreciendo la prueba documental que avala la existencia del hecho delictivo y la participación de los funcionarios en el mismo”, dijo.
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