Una nota del Tribunal de Cuentas sobre el acuerdo transaccional firmado por las partes del conflicto judicial Cocó Resto Bar generó momentos de tensión en la sesión del Concejo Deliberante de este miércoles y el enojo de mas de uno.
Es que el órgano encargado de revisar las cuentas del Municipio y liberar las ordenes de pago, no lo hizo en este caso y fue mediante un acuerdo de Secretarios que el acuerdo de aprobó y, con ello, la modalidad de pago de una deuda millonaria. En este sentido, el bloque de Alta Gracia CRECE y en presencia del asesor letrado Daniel Villar, volvió a cuestionar el NO cumplimiento del Municipio de la orden judicial que prohibía cualquier actividad en boliche de calle Sarmiento, hasta tanto se resolviera la medida cautelar, lo que a posterior le generó la abultada pérdida millonaria al Estado Municipal. «Queremos saber porque quienes eran los responsables en ese entonces, el Intendente Facundo Torres y el asesor letrado que llevó a cabo el juicio, no respetaron la orden del Juez, porque permitieron esto. Es injusto que lo paguen los vecinos, deben pagarlo los responsables», expresó el Concejal Ricardo Gonzalez.
Pero el tratamiento sobre tablas de esa nota del Tribuno de Cuentas no se aprobó y eso provocó el enojo de la oposición quienes tildaron al oficialismo de querer «esconder lo importante para que los medios y la gente no se entere» y, del lado de Hacemos por Córdoba, acusaron a Alta Gracia CRECE de «estar en campaña política».
Pues bien, lo cierto es que nada de lo que siguió después en la orden del día fue pacifico tras este cruce y el aire se cortaba con hilo. Lo cierto es que la presencia de Villar fue puramente decorativa ya que cuando al término de la sesión este quiso hablar, simplemente los concejales se levantaron de sus sillas y se fueron.
La verdad de la cuestión… según Villar
En ese contexto, el asesor letrado del Municipio habló con RESUMEN y explicó lo que, de alguna manera, no le permitieron exponer en la sala legislativa. Dijo que la responsabilidad, si se quiere, la tuvieron los concejales que votaron la ordenanza que luego fue declarada «inconstitucional» y no la asesoría letrada.
«En este caso nosotros llegamos a un acuerdo. Este juicio se inicia con un amparo sobre una ordenanza que votan siete concejales, ese es el motivo y no la multa. El motivo es que se declaró anticonstitucional y nosotros tenemos que hacerle frente a esos gastos; porque siete concejales votaron una ordenanza de habilitar un lugar fuera del Pout y en donde no estaba permitido», inició el letrado, aclarando que lo que se paga corresponde a esa inconstitucionalidad y no a otra cosa.
«Aprobado esto se hace la presentación y en primera instancia nos ponen una cautelar que dice que se pare la obra hasta tanto se resuelva el fondo del amparo. Nosotros recurrimos esa medida y pasamos a una cámara que después termina ampliando la cautelar; ahora dice que no se puede hacer nada o sea ningún tipo de obra y nosotros decimos no, que no pueden prohibir toda actividad porque hay algunas que están permitidas; entonces apelamos. Hoy el Concejal González dice que nosotros no hicimos nada y no es asi, yo el dia 26 de junio presenté un recurso de reposición, era un día viernes, el tiempo que demoró en resolver ese recurso ya nos vamos al dia lunes y el 27 y 28 que era fin de semana los dueños de Cocó abrieron pero yo había puesto un recurso en contra de esta medida y se lo tenia que tratar por lo tanto a mi no me cabía en absoluto la prohibición de esos días», añadió Villar refiriéndose a los días que según la Justicia se estuvo en incumplimiento de la cautelar impuesta.
«Esto me llevo a mi al Tribunal Superior porque cuando apelé me sale la misma Cámara a decir que había que respetar lo que había dicho la jueza pero esos días para mi estaban muertos porque yo el 26 recurro por lo tanto se suspenden los plazos hasta que me lo resuelvan por si o por no, entonces llegue hasta el tribunal superior. Por otro lado los dueños del boliche hicieron lo mismo pero no por la multa sino por la legitimidad de la ordenanza. El 26 esta aprobado de que puse un recurso y espere el día 29 que lo resuelvan, ellos (los concejales de la oposición) están faltando a la verdad. Después de 11 cuerpos que lleva esto se resuelve que las partes hagan un acuerdo tanto de los honorarios como de la multa para terminar esto pero como el Tribunal de cuentas lo dilata se hizo un acuerdo de Secretarios», explicó el asesor letrado, a la vez que aseguró que la única intención del Tribuno es la de hacerlo responsable de manera total de ese monto que el Municipio debe pagar.
«Esos 200 jus que nos pusieron por esos días que mencioné, aun los estoy discutiendo por el Tribunal Superior pero igual creo que la intención acá era que no se aprobara este acuerdo para que se me ejecutaran las cuotas que habíamos pactado, al no poder pagarlas, lo hacia que me pudieran ejecutar el 100 por ciento y no lo logró, el Tribunal no logró lo que quería gracias a la minoría de ese tribunal, entonces terminan sacando una resolución en donde no tienen en cuenta que el Código Civil se modificó en 2015, dicen que no se va a visar la orden de pago porque el Departamento ejecutivo a través de la asesoría informa al tribunal si el acuerdo procesal de las la actuaciones judiciales resulta homologación previa. Hice un dictamen y les remarco que se modificó ese Código Civil y que es una objeción no fundada. Y como el acuerdo goza de buena salud los secretarios lo firman».
«El Tribunal no logró lo que quería y la oposición exagera los números porque los números reales son los que duce el expediente. Se deben 992 mil pesos, de los cuales 500 le corresponden al Municipio, a esto hay que sumarle los 540 mas el iva de los gastos de todo el juicio, el gasto final para que pague la Muni es de 950 mil pesos, es decir no esta al palo ni cerca y en tres cuotas», culminó.
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