Coparticipación, una deuda de nacimiento

El conflicto con la policía bonaerense de la semana anterior quitó el foco sobre el covid-19 y nos llevó a viejas discusiones, fue una especie de boomerang que trajo nuevamente el tema de coparticipación a la opinión pública.
Durante la casi semana transcurrida, distintos referentes de los dos principales frentes políticos que conforman oficialismo y oposición mencionaron la importancia de la reasignación de fondos coparticipables, por supuesto algunos respaldando la medida de quitar fondos a Capital Federal, otros preocupándose por los medios legítimos para realizarlo.

Lo cierto es que cuando se habla de coparticipación se vuelve inmediatamente a la fibra más primitiva de nuestro Estado Nación, al proceso fundante de nuestro país y a su conformación surgida de la independencia de España y las múltiples disputas entre unitarios y federales por el dominio del puerto y las regalías que ello significaba.
Con el diario del lunes ya bastante antiguo, todos los habitantes argentinos conocemos la conformación de un Estado Nacional surgido con la voluntad federal de las provincias en constitución de un poder central que tiene su centro gravitatorio en su punto de mayor peso tanto económico como demográfica. Es decir, Argentina en el transcurso de estos 200 años consolidó su Estado reafirmando parte de su identidad en el centralismo de los negociosos, la política y la densidad poblacional del puerto de Buenos Aires.

Con el paso del tiempo, ya más de 200 años desde la independencia, el gobierno nacional fue volátil entre sus intereses de construir un país más allá de Buenos Aires, los principales promotores de reconocerse como iguales siempre fueron los gobernadores del Interior. Entre ellos, las provincias con geografías más aptas para la producción de exportaciones fueron las protagonistas de intentar balancear una disputa perdida antes de comenzar el partido.

La coparticipación contempla el sistema recaudatorio y redistributivo de los fondos mencionados principalmente en el artículo 75, inc.2 de la Constitución Nacional, cuando esta misma establece las atribuciones del Congreso Federal determinando la de imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, por un lado, y por otro, la de imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación, siempre que la defensa, seguridad común y bien general del Estado lo exijan, estableciendo que ambas son coparticipables, con excepción de la parte o el total de las que tengan asignación específica.

Asimismo, el inciso 2 de dicho artículo determina que será necesaria “una ley convenio, sobre la base de acuerdos entre la Nación y las provincias, que instituirá regímenes de coparticipación de tales contribuciones, garantizando la automaticidad en la remisión de los fondos” (Pagan–Tomasetti).
Esta norma se complementa con la disposición de la cláusula transitoria sexta que impone que el régimen de coparticipación y la reglamentación del organismo fiscal federal, serán establecidos antes de la finalización del año 1996.

Hasta el momento, 24 años transcurridos desde 1996 (SPOILER ALERT) no existe un consenso sobre dicha ley. La compleja negociación política y un país que vive de crisis en crisis nunca encuentran el momento oportuno para discutir de forma seria y responsable dicha ley.

Ley de coparticipación necesaria, pero no suficiente
La ley de coparticipación como tantas otras leyes y su consecuente respeto, son necesarias en Argentina, pero al mismo tiempo no son suficientes para solucionar las desigualdades sociales y económicas que vive día a día nuestra población y nuestro federalismo.
Desde el periodo colonial, la concentración porteña y particularmente el puerto de Buenos Aires generó una retroalimentación constante donde la densidad geográfica se fue construyendo a medida que empresas migraban hacia dicha zona para reducir costos de transporte, aprovechar el tamaño del mercado y disponibilidad de mano de obra. De manera similar al ejemplo anterior ocurrió con todos y cada uno de los rubros de nuestra economía y las consecuentes necesidades de la población, por supuesto sumado a la fertilidad de su territorio.

Ese proceso de retroalimentación mencionado se fue consolidando y su consolidación ocasionó que dicha zona sea la mayor generadora de recursos federales como también la más demandante.
Al día de la fecha la Provincia de Buenos Aires recibe un 19.93% del total de los fondos coparticipables de forma automática, mientras que Santa fe 9.28%, Córdoba 9.22%, Chaco 5.18%, Entre ríos 5.07%, Mendoza 4.3%, Catamarca 2.86%, Chubut 1.38%, La Rioja 2,15%, entre otras. Sin embargo, la Provincia de Buenos Aires en términos de lo que aporta (35%) y lo que recibe (19,93%) se encuentra en desventaja.
Para equiparar los aportes y demandas de las provincias, pero por sobre todo la capacidad de acceso, la provisión de bienes, e inclusive el poder político: una ley de coparticipación sobre la actual e histórica desigualdad entre las provincias argentinas no es suficiente.
Argentina necesita pensar y ejecutar de forma inmediata un proyecto que cambie la configuración gravitatoria del puerto porteño. Solo de esa forma, provincias con menores productos brutos internos podrán generar economías regionales más ricas y con mejores ventajas de explotación.

Contrarrestar la dependencia sobre exportaciones e importaciones, junto con la mencionada concentración de mercado en Buenos Aires, puede traer a las provincias del interior la capacidad de desarrollarse y “retroalimentar” sus propios mercados. Con ello, los aportes y mejoras de sus respectivas poblaciones encontrarán desarrollo y mejores servicios públicos con mejor desarrollo, confort y especialidad.
Para lograrlo, la recomendación es desempolvar proyectos ya elaborados sobre corredores con salida a Chile. Proyectos que ya han sido evaluados y cuyo impacto en todo el territorio que comprenden vislumbran ser positivos.

La refuncionalización del federalismo argentino mediante el balance gravitatorio interior respecto de Buenos Aires, considero es el camino esencial para rediscutir políticas de desarrollo real, donde el asistencialismo a provincias debe ser cambiado por obras de inversión productivo.
A nuestra historia como país, le quedan saldar deudas que vienen desde nuestro propio nacimiento como Estado Nación. Y más allá de encontrarnos transcurriendo un proceso de crisis económica, social y sanitaria, siempre es momento de cambiar para siempre la configuración federal desigual histórica de nuestro país por una visión con mayor proyección y posibilidades para nuestro país y nuestra población.

Lic. Ignacio Carrillo
Analista y asesor político económico.