La Legislatura de Córdoba dará tratamiento mañana en el recinto al proyecto de ley de seguridad enviado por el gobernador Martín Llaryora. El proyecto de ley de Seguridad Pública y Convivencia Ciudadana, se basa en cuatro puntos de reestructuración ligados con la gobernanza y que apuntan a poner fin a la ley 9.235, junto con una “coordinación y concertación de las políticas entre el sector público y privados”.
Además , plantea la creación de un instituto de planificación de políticas de seguridad para la capacitación de las fuerzas provinciales, guardias locales y empresas prestadoras de seguridad. En el tercer punto se fija la institución de estas guardias de prevención y convivencia con agentes capacitados para el uso de armas menos letales. El cuarto punto incorpora al sistema las empresas privadas de seguridad para que también el personal autorizado pueda utilizar armas menos letales.
Ayer, se sumaron especialistas con algunas observaciones en un trabajo de integralidad con los municipios en el marco de la comisión que fue creada ad hoc en la sesión de la semana pasada para debatir el proyecto que mañana llega al recinto con un pronóstico alentador para el oficialismo de poder aprobarlo. Más allá de los 33 votos de Hacemos Unidos por Córdoba, el bloque mayoritario cuenta que Karina Bruno y Federico Alesandri le darán su respaldo al proyecto, que de llegar así la Vicegobernadora Myrian Prunotto deberá desempatar la votación a favor del Panal.
Por estas horas el Presidente Provisorio de la cámara Facundo Torres y el Presidente del bloque peronista Miguel Siciliano están tramitando más adhesiones a la ley esperando la definición de Agustín Spaccesi de La Libertad Avanza y el de algunos legisladores radicales y del PRO.
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