Diego Fernández no es un novato en la Justicia local. Vive en Alta Gracia desde el 2013 pero se desempeñó como prosecretario desde el 2011 y hasta el 2017, año en que comenzó a prestar funciones en la localidad de Río Tercero. Ahora y desde hace exactamente 13 días ocupa la silla que dejó vacante el Dr. Emilio Drazile tras su retiro: la Fiscalía I, lugar que lo recibió con varios temas que atender y, como si fuera poco, con hechos para nada gratos por investigar. En una entrevista con RESUMEN, Fernández afirmó, entre otras cosas, que Alta gracia tiene sus propias “zonas rojas”, tanto como ocurre en Córdoba Capital.
¿Cómo ve a Alta gracia con respecto a la inseguridad? Cree que el delito ha crecido?
Alta Gracia si bien tiene característica de ciudad de pueblo del interior, está muy cerca de la ciudad de Córdoba que ha tenido una explosión demográfica muy importante y se ha extendido a ciudades como ésta que son conurbanos. Entonces la problemática de Córdoba que está conformada por muchas zonas rojas con altos índices delictivos, también se ha ido trasladando al interior, esencialmente a las ciudades adyacentes como Alta Gracia. Entonces en materia delictiva es una ciudad muy compleja, más que en otras ciudades.
Para combatir esa inseguridad el Estado incorpora algunas herramientas. ¿Existe para Usted alguna que sea más efectiva que otra? ¿Qué piensa de los domos de vigilancia que recientemente sumó Alta Gracia?
No hay una herramienta única sino un montón y como la inseguridad es un tema complejo, hay que tratar de utilizarlas a todas. En el caso de los domos son de gran utilidad, especialmente para prevenir el delito y en el caso nuestro que trabajamos en la represión del delito, en investigación, también nos estamos volcando mucho a eso y lo usamos como medida de prueba. Por suerte, cada vez esa tecnología tiene mayor resolución y digitalmente nos permite visualizar e identificar lugares, personas y hechos. Es una herramienta muy importante para nosotros siempre que se use en una tarea mancomunada con la Policía y la Municipalidad para obtener mejores resultados.
En la justicia he escuchado opiniones diferentes con respecto al Código penal vigente. Hay quienes dicen que es arcaico y que no se adapta a la Sociedad moderna y, por otro lado, hay quienes aseguran que es un código perfecto, ¿Cuál es su opinión?
Creo que ya no debe haber opiniones que lo consideren perfecto. Nosotros socialmente nos vamos modificando, cambia la sociedad y sus pautas culturales. El modo de relacionarse también cambia, y aquí se incluye ahora a las redes sociales. Entonces tiene que haber una adecuación a esta nueva realidad. El Código tiene casi 100 años y contempla situaciones que hoy, con el avance tecnológico, ya no se dan, entonces es necesario el cambio a la nueva sociedad que se vive.
Entiendo que ésto contempla una modificación en las leyes, ¿Cree que es la única solución para acabar con la tan mencionada “Puerta Giratoria”?
Claramente. Nosotros, el Poder Judicial, actuamos de acuerdo a un procedimiento previamente arreglado y, tenemos que pasar por esas formas previstas para llevar adelante la investigación. Esas reglas en estos momentos también están en crisis porque socialmente hay una demanda que requiere inmediatez. Estamos en la era de lo inmediato en cuanto a difusión y, de igual manera, se está dando en el fuero penal como en todos los fueros. En eso, creo que la Legislatura está tomando cartas en el asunto en esto de, por ejemplo, digitalizar los expedientes, incorporar la prueba tecnológica, la oralidad. Esto no sólo permite mayor fluidez y brindar una respuesta más rápida a la gente, sino que además la gestión de antecedentes sería inmediata, algo que hoy demora muchas cosas y, en parte, es causa de esa puerta giratoria.
Desde hace algunos años la sociedad ha comenzado, de alguna manera, a participar en la decisión de la Justicia. Es el caso, por ejemplo, de jurados populares, ¿cuál es la importancia de su mirada?
A mí me parece esencial que la sociedad participe. Es su mirada con respecto a un caso concreto y ahí los juzgamientos están condicionados por su estrato social. El juez dicta una resolución y tiene en cuenta esas opiniones porque es la perspectiva de la sociedad y de eso puede variar esa decisión. Claro que también importa la gravedad del caso que se investiga, pero es bueno que la gente opine sobre hechos penales.
