
¿La clase dirigente se parará a pensar, aunque sea en un minuto de sus ajetreadas vidas llenas de reuniones, despachos, oficinas y números, sobre quién paga el costo de sus decisiones? Todo parece indicar que no. Aunque ojalá que sí, que aunque sea les cueste un poco conciliar el sueño por las noches.
En las últimas semanas, hemos tenido en Alta Gracia varias situaciones que dan que pensar.
La primera, lo que sucede desde hace algunos meses con el otorgamiento de pensiones no contributivas. Ese derecho, que asiste justamente a los más vulnerables como discapacitados, mayores de 70 años y mujeres con más de 7 hijos, terminó preso de las ambiciones políticas. ¿Qué pasó? Ya no se tramitan más en Alta Gracia, hay que viajar a Córdoba sí o sí. Antes, por un convenio interestatal, la Municipalidad se hacía cargo del papeleo desde la Secretaría de Desarrollo Social ¿Porqué? Porque la Nación se enteró que las autoridades locales armaban actos para entregar certificados (ni siquiera el dinero, que se acredita) y no los invitaban a salir en la foto. Así, tal cual, lo adminitieron funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación ¿Consecuencia? La Municipalidad ya no está habilitada para tramitar las pensiones, y ahora se hace cargo directamente la administración nacional (que no tiene sede en Alta Gracia). Y por estos lados, cuando se pregunta a los responsables municipales sobre el conflicto, apenas son capaces de ensayar un “no sabemos qué pasó”. ¿Quién paga las consecuencias? Los beneficiarios, que para poder hacer los trámites tienen que viajar hasta la Capital a pesar de todas las dificultades que impone su condición, justamente, de acreedores de este derecho.
Vamos con el segundo caso.
Los empresarios del transporte local, que en nada difieren del resto de los integrantes de este sector tan acostumbrado al “llanto” permanente, hicieron lo propio ante los miembros del Concejo Deliberante. Con un tono rayano con la desesperación, hicieron saber que el aumento de costos hacía inviable la prestación del servicio urbano de pasajeros sin un aumento de la tarifa.
Sin mayores dilaciones, los ediles dieron el visto bueno a un aumento del 33 por ciento, argumentando la abultada cifra en que hacía desde 2012 que no se actualizaba el monto. Pero esta semana, un informe exclusivo que publica este diario, da cuenta de que las tres empresas reciben, en subsidios pagados por la Nación (que también pagamos todos, a no olvidarlo) un monto superior a los 8 millones de pesos anuales, para solventar gastos de combustible, mantenimiento de unidades y salarios del personal.
Me pregunto qué estará pensando al respecto un comerciante, por ejemplo, que asume completamente el riesgo de no vender toda la mercadería que compra para su negocio. O el pequeño industrial que depende sólo de su talento para ubicar en el mercado lo que produce, sin tener su rentabilidad medianamente asegurada por plata fresca que llega desde el Estado. Y que además, ponen su parte para que los empresarios del transporte cierren números, cuando se suben cada día al colectivo. Estarán contentísimos, seguramente.
Y cerremos con el tercero.
Con el otoño entrando en su apogeo, se adelantan los temas de cada año. En este caso, la venta de garrafas de gas envasado. Las que se comercializan a precio subsidiado son difíciles de conseguir, y no siempre al indicador oficial. Ni hablar de quienes requieren utilizar un tubo de 45 kilos. En ese caso, sin un valor establecido de antemano, habrá que estar dispuesto a pagar cerca de 400 pesos en cada renovación (que puede llegar a ser mensual, dependiendo del uso que haga cada familia). Los empresarios dicen que se debe a un incremento en el precio internacional del propano, que está dolarizado ¿Se habrán detenido a pensar en eso los funcionarios que autorizaron el funcionamiento de las estaciones de GNC, que utilizan para su negocio privado parte del gasoducto que fue pagado por los vecinos de la ciudad? Sí, por esos mismos vecinos que hoy saben que contar con gas natural domiciliario será un sueño largamente anhelado, ya que la infraestructura con la que cuenta la ciudad no da ni para una conexión más.
¿En qué andan, mientras tanto, nuestros políticos locales? Pensando en cómo armarse mejor en este año relativamente tranquilo, en candidaturas por venir, en licencias que podrían terminarse, en cargos que dependen de que no exploten conflictos o en si harán alianzas que los depositen nuevamente en el poder. No vaya a ser que el 2015 los agarre desprevenidos.
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