La causa por la presunta “tortura seguida de muerte” del detenido César Moreno en septiembre de 2023 en la cárcel de Bouwer tiene como imputados a nueve miembros del Servicio Penitenciario de Córdoba (SPC). Reiteradamente, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación había advertido a Córdoba sobre las prácticas prohibidas de sujeción como castigo en las cárceles.
Las advertencias están explícitas en los informes de los años 2022 y 2023 del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), en base a visitas periódicas al Establecimiento Penitenciario Nº1 (Bouwer: varones y mujeres), Complejo Esperanza y el Centro de Atención y Derivación.
Tras los relevamientos concluyeron que en las cárceles de Córdoba “siguen aplicándose sujeciones ‘terapéuticas’ sobre las cuales el personal de seguridad tiene absoluto protagonismo en lo que respecto a la fijación del criterio y que son utilizadas por el Servicio Penitenciario como prácticas informales de castigo”.
Cómo es el método
En las visitas a los establecimientos penitenciarios los integrantes de CNPT entrevistaron a internos y profesionales intervinientes en las “prácticas sistemáticas” utilizadas como mecanismos de gestión, gobierno y castigo.
“La práctica observada consiste en anudar a las personas desde sus extremidades, inmovilizándolas por días. Asimismo, resulta frecuente que les inyecten sustancias de forma violenta y sin consentimiento”, resalta el informe, en coincidencia con observaciones en relevamientos de años anteriores.
La persona se encuentra acostada en una camilla sin hablar ni realizar movimiento alguno, con cinco personas a su alrededor que ataban sus cuatro extremidades a la camilla.
Qué dice la ley
La Provincia de Córdoba adhirió a la Ley Nacional Nº24.660, mediante la Ley Nº 8812 en el año 1999 y, al año siguiente, sancionó la Ley Nº 8878 “pena privativa de la libertad”. En la normativa provincial no se hace mención a la aplicación de medidas de sujeción.
“La Ley de Ejecución de la Pena Privativa de la Libertad N° 24.660 prohíbe asimismo que cualquier medio sujeción sea aplicado como castigo, contemplando su uso para una serie restringida de supuestos”, apunta el informe.
Otro caso…
José Siacca tenía 51 años y al igual que César Moreno -por cuya muerte, ocurrida en septiembre de 2023, fueron detenidos días atrás seis guardiacárceles, un médico y un directivo de la cárcel de Bouwer- también habría fallecido por consecuencia de la violencia institucional que atraviesa al Servicio Penitenciario de Córdoba. Sin embargo, a diferencia de César -que no poseía antecedentes penales y padecía de trastorno bipolar- José cumplía su condena en el MX1 y pertenecía a Los Guerreros de Jesucristo, un movimiento evangélico formado por los presos en el ex penal San Martín.
El hombre tenía dolores en su estómago y la familia asegura que desde el Servicio Penitenciario sólo le dieron «una pastilla». Rápidamente esos dolores se volvieron más intensos por lo que el interno pidió ayuda. Sus compañeros de celda, en el módulo MX1, les avisaron a los guardiacárceles que José tenía fiebre, estaba amarillo, que casi no podía moverse, pero no recibieron respuesta. José llamó a su familia. Habló con su mamá. Le pidió que fuera a Bouwer para exigir que lo atiendan. Cada hora que pasaba se sentía peor. Comenzó a escupir sangre. Los otros presos empezaron a golpear las puertas del penal hasta que el lunes 5 de junio a la mañana lo trasladaron a un hospital y luego a otro donde finalmente falleció.
Ahora, la familia de Siacca denuncia que no es el primer caso y que se unirán en una denuncia colectiva por torturas en el Complejo Carcelario Padre Luchesse.
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