
La abogada Daniela Ferrari dialogó con Radio FM 88.9 y expuso detalles de un caso judicial que, según describió, presenta un alto grado de complejidad en los fueros de familia y penal, con varios años de conflicto y una marcada controversia en torno a la producción y valoración de pruebas.
De acuerdo con lo señalado por la letrada, el expediente lleva aproximadamente cuatro años en trámite y se encuentra actualmente en etapa probatoria. En ese sentido, indicó que durante gran parte del proceso “no se había logrado acreditar nada y todo quedaba en el plano de las declaraciones”.
Ferrari sostuvo que el caso involucra a una mujer que habría sido víctima de distintos tipos de violencia por parte del progenitor de su hijo, incluyendo violencia psicológica, verbal y económica. Según su relato, el conflicto habría escalado a una instancia crítica cuando el progenitor presentó una denuncia por presunto abuso sexual contra el niño.
En su análisis, la abogada encuadró estos hechos dentro de lo que definió como violencia de carácter manipulador o “violencia vicaria”, señalando que —según su interpretación— se habrían utilizado distintas instituciones del Estado, entre ellas el sistema de salud y el Poder Judicial, con el objetivo de desacreditar a la madre y poner en duda su salud mental.
Asimismo, Ferrari afirmó que, en el marco del proceso, se solicitaron intervenciones médicas y pericias que podrían haber modificado la situación judicial de base. Sin embargo, sostuvo que ello no ocurrió y que, posteriormente, se habría instalado la hipótesis de que la madre representaría un riesgo para el menor.
La letrada indicó que actualmente rige un esquema de coparentalidad y que existirían informes psicológicos que no evidenciarían riesgo por parte de la madre. En contraposición, remarcó que la última presentación del progenitor fue una denuncia por presunto abuso sexual.
Según detalló, dicha denuncia fue radicada en el mes de junio, lo que derivó en una serie de medidas judiciales que continúan bajo análisis. En ese marco, cuestionó el estado de la causa y los criterios de valoración probatoria adoptados.
En la actualidad, la defensa solicitó la nulidad de una prueba realizada mediante Cámara Gesell, y el expediente se encuentra a resolución del juez de Control de Alta Gracia, Gustavo Lasso.
Ferrari también planteó interrogantes en torno al alcance del secreto profesional de los peritos de salud mental intervinientes, y sostuvo que la información aportada por el niño en el ámbito terapéutico constituye un elemento central que debería ser ponderado en el proceso.
Por último, señaló que el expediente involucra actuaciones tanto del Juzgado de Familia, a cargo de la doctora Calderón, como del fuero penal, en la fiscalía de Peralta Tonello.
La causa continúa en trámite y permanece a la espera de resoluciones judiciales.








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